Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical, Carlos Gagliano y Nora Landart, elevaron un pedido de informe al intendente Eduardo Accastello.
Dicho pedido hace referencia al convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ratificado mediante Ordenanza Nº 6.510 sancionada el 17 de mayo de 2012 y promulgada por el DEM por decreto Nº 524 con fecha 1 de junio de 2012, por el cual el municipio se compromete a pagar a la Caja el aporte adicional del 2% por agente a los equipos de salud humana.
Los radicales solicitaron que el Ejecutivo informe si “dicho convenio, en función de su clausula 6º, fue ratificado por el Poder Ejecutivo provincial” y, en el caso de que así haya sido, que indique la fecha de ratificación.
Además, exigieron que “en caso que el convenio tenga plena vigencia, y de acuerdo a la clausula 5 del mismo, se detalle la nómina de los agentes municipales cuyas tareas se encuadran en el artículo 21 de la Ley 7.625 (equipo de salud humana), como asimismo de todos aquellos agentes que desempeñaron dichas tareas desde el 1 de enero de 2003 a la fecha”.
Por otra parte, los concejales pidieron saber si el municipio, “en función de esta misma cláusula, se encuentra al día con los aportes de la contribución adicional del 2%, prevista en el inciso c) del artículo 6 de la Ley 8.024”.
Por último, solicitaron que en caso de haberse efectuado los aportes comprometidos, se les haga conocer los montos por año y por agente. O bien, en caso de mantenerse deuda con la Caja, que el Ejecutivo informe sobre el plan de regularización detallando montos, plazos y situación previsional de los agentes involucrados.
Invocando lo establecido por el artículo 106 de la Carta Orgánica Municipal, los ediles requirieron que el municipio responda a la brevedad.
Reducir multas
Los radicales también presentaron un proyecto de ordenanza planteando la reducción de las multas que se aplican a quien viole las normas sobre estacionamiento medido y controlado. Para eso, proponen modificar los artículos 60 y 82 de la Ordenanza Nº 6.444 (Código de Tránsito), referidos a la determinación del valor de la unidad de multa y sanción.
“El valor de la multa se determina en unidades de multa (UM). Actualmente, cada UM equivale a un litro de nafta especial. Nuestra propuesta reduce el valor de la UM a un 70% del precio del litro de nafta, a partir de considerar el incremento en los últimos 12 meses del combustible, que rondó un porcentaje aproximado del 60%”, expresaron los ediles.
“Con esto, las multas que se aplican podrían considerarse confiscatorias para los vecinos, por los importes que representan”, completaron.
También proponen reducir de las 50 UM a 10 UM el mínimo de UM a aplicar.
“El otro aspecto central del proyecto se vincula a la necesidad de modificar una sanción que resulta excesiva en relación con la naturaleza de la infracción. Tal es el caso de omitir la colocación de la tarjeta de estacionamiento en el tarifador, ya que no conlleva daños ni para el infractor, ni para terceros”, afirmaron.
“Actualmente, se aplica una sanción mínima de 100 UM, es decir, el 2.400% más de lo que un ciudadano hubiese abonado de haber utilizado el estacionamiento durante las 10 horas que la empresa habilitada para su cobro está autorizada a percibir. De esta forma, se convalida una verdadera arbitrariedad del Gobierno municipal, que debería orientar su acción al ordenamiento del tránsito vehicular y no a la recaudación”, concluyeron los ediles.