El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Perdices, Carlos Capuano, justificó el funcionamiento de los semáforos con cámaras sobre ruta nacional 158, fotomultas, instalados hace un año en la localidad.
En primer lugar, aseguró que "no tiene fines recaudatorios, sino que busca reducir la velocidad de los vehículos y brindar mayor seguridad en el paso de la ruta por el pueblo. Han habido muchos accidentes". Al respecto, enumeró tres siniestros sucedidos en los últimos días en los accesos y a pocos kilómetros del radio urbano, sobre lo que admitió que "a pesar de que se reduce y se regula, siguen sucediendo".
De todas maneras, Capuano detalló ante la consulta de un periodista de EL DIARIO que este sistema permite además "otorgar vigilancia y prevenir delitos en el sector norte y sur. Creemos que es un sistema valioso y no dudamos en ponerlo en marcha”.
El funcionario municipal explicó que “el convenio de prestación firmado con una empresa de Río Tercero es idéntico al que se utiliza en otras 15 localidades de la provincia de Córdoba”. Y aunque en la requisitoria se planteó la legalidad de su instalación, Capuano sostuvo que "por estar en el paso de la localidad eso lo decide el municipio a través de ordenanzas".
El intendente Víctor Falvo, en declaraciones a otros medios periodísticos, aseveró que "las fotomultas están permitidas, de lo contrario no podría funcionar. Nosotros no invertimos nada, es problema de la empresa que hemos contratado".
La recaudación
A la hora de dar a conocer el porcentaje que se lleva la firma de Río Tercero, Sevial, Capuano se refirió a "la recaudación" y dijo que "el municipio se queda con el 20% de multas por 1.315 pesos (valor que corresponde al pago voluntario de un presunto ‘cruce de semáforo en rojo’). Y se cometen muchos...", agregó.
La empresa, que corre con toda la inversión en cuanto a aparatología, se lleva el 80%.
En tanto, sobre otro cuestionamiento que aparece por parte de los apuntados presuntos infractores, Capuano especificó que "el juez de Faltas actuante es propio, pertenece al Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control Ambiental (OIBCA) conformado por 12 localidades, entre ellas General Deheza, Cabrera, Arroyo Cabral, a cargo de María Baudino (tal el sello registrado en las actas de presunta infracción)".
"Hay inspectores"
El secretario afirmó que cuentan con el personal que constata los hechos: "Hay dos, tenemos dos inspectores". Sin embargo, se excusó en que "no se detiene a los vehículos porque en este caso se verifica a través del sistema (las cámaras) la infracción" y dijo que "para hacer la marcha tendría que estar la Policía, nosotros no podemos hacerlo". También mencionó que "la Policía Caminera no puede hacerlo dentro del ejido urbano, a menos que surja un nuevo convenio a partir de aprobarse la Ley de Alcoholemia Cero".
La ilegalidad del sistema y las lomadas
El Gobierno provincial se expidió tiempo atrás respecto a las fotomultas señalando que eran ilegales.
Para el Gobierno de Córdoba, los sistemas de fotomultas que usan los municipios no cumplen con la ley. En diciembre último, autoridades provinciales indicaron que violan la ley los municipios que se asocian con una empresa privada para sancionar económicamente, en nombre de la prevención de hechos de tránsito (y a porcentaje), a conductores de vehículos que circulen por la ruta y/o dentro del ejido urbano de las localidades adheridas.
En la práctica nadie puede asegurar que el método, muy redituable para las partes (y muy especialmente para las empresas dedicadas a la instalación de las cámaras), sea realmente preventivo. Además sigue pendiente la cuestión legal, ya que el Gobierno provincial argumenta que el sistema no cumple con la ley. Por otra parte, los municipios plantean la autonomía que poseen, según lo expresado en la Constitución de Córdoba, que los faculta a ejercer el poder de policía en sus áreas urbanas, alegando que más allá de que se trate de rutas nacionales o provinciales, al cruzar pueblos se convierten en una calle más.
El área de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia opinó en la oportunidad que “desde 2007, una resolución provincial ordena suspender todos esos dispositivos”.
Desde entonces, plantea que la ilegalidad básica es que los municipios no entregan las actas en mano en el momento del hecho para hacer cesar la infracción, sino que “el infractor se entera semanas o meses después, cuando recibe la notificación por correo”. De hecho, un denunciante confió que una supuesta infracción de octubre le fue notificada en abril, seis meses después.
Por su parte, los municipios que aplican este sistema aseguran que lo utilizan para tener el elemento probatorio de que el conductor sancionado cometió una infracción.
Cierto es que los pueblos siguen buscando alternativas para controlar el tránsito.
Además, aparecen en escena las polémicas lomadas, por ejemplo, que cubren parte de rutas provinciales, cuestionadas hasta por Vialidad Nacional, que ha intimado a los intendentes a retirarlas. Vale mencionar que estos obstáculos construidos sobre el pavimento obligan a reducir la velocidad y no se advierte un fin recaudatorio. Es más, suelen generar dolores de cabeza a las autoridades por quienes no advierten dicha obstrucción y generan averías en los vehículos. En el caso de las fotomultas es latente la intención recaudatoria de algunos municipios.
Autorización
Por otra parte, Capuano dijo que el intendente Falvo viajaría por estos días a reunirse con autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional para la colocación de semáforos en los accesos, aunque adelantó que los mismos serían sin sistema de fotomultas, "para prevención".
