El nuevo gremio de municipales liderado por Jesús Chirino, la Unión de Trabajadores de los Estados Municipales (UTEM), cuestionó a los concejales, dado que después de solicitar audiencia con todos los bloques sólo fueron recibidos por dos ediles y del resto “ni siquiera una negativa”. “Desde la UTEM pretendemos dialogar con las autoridades locales para señalarles varios aspectos relacionados con problemáticas surgidas a partir del rol del municipio local como empleador”, indicó Chirino.

Hay tres temas centrales que quieren plantear a las autoridades locales: la precarización laboral, la recategorización y la derogación del estatuto del empleado municipal que consideran discriminatorio.

Sobre el primer punto señalaron que “no se puede continuar con el alto nivel de precarización laboral existente, máxime, cuando desde el Gobierno nacional y otros sectores políticos se viene hablando de ir en contra del trabajo que no está debidamente registrado. Necesitamos el pase a planta permanente de los compañeros que desde hace años trabajan para el municipio como contratados, facturantes, becarios, etcétera. Esta es una tarea que debe iniciarse de manera inmediata, Villa María no puede ser modelo de gestión asentado sobre la precarización laboral, es decir, en la negación de los derechos de los trabajadores”, dijo.

En relación al segundo reclamo destacó que “también consideramos necesaria la recategorización del personal de planta que hace años no recibe una adecuada evaluación para obtener categorías previstas en la carrera administrativa, que es un derecho que le asiste”.

Por último, sostienen que se deben derogar los artículos del Estatuto del Empleado Municipal que “poseen un franco carácter discriminatorio”. 

“Este Estatuto fue aprobado mediante ordenanza municipal, por ello mediante otra ordenanza debería derogarse todo aquello que discrimina y resta derechos a los empleados que ingresaron a partir de 2006. Resulta inconcebible, por lo menos para nosotros, permitir que sigan vigentes normas discriminatorias cuya derogación beneficiaría a los empleados y a la comunidad toda, pues no resulta nada enaltecedor mantenerlas. Consideramos que no debe existir sector o dirigente que se oponga a la derogación del articulado discriminatorio que claramente va en contra de principios legales de justicia social”, concluyó.