Pocos días después de que el tribuno José Naselli se expresará públicamente por la aprobación en el seno del Concejo Deliberante de la indexación en el precio de obras públicas, los ediles volvieron a repetirse (aunque esta vez solamente los oficialistas) dándole el sí al reajuste en el costo de cordón cuneta y badenes.
Las redeterminaciones resaltadas esta vez por Naselli en compañía del concejal Darío Capitani, que terminarán solventando los vecinos, hasta contaron con el sufragio del presidente del Concejo Deliberante, José Escamilla, que participó activamente de la votación como uno más.
El detalle llamativo es que la propuesta del Ejecutivo que mutó a ordenanza no expresa en ningún lugar cuáles serían las cifras de ajuste.
La falta de datos concretos motivó entonces el pedido de informes por parte de los referentes del Partido Villamariense (PV).
“El día 24 de abril, con el voto único de la bancada del Frente para la Victoria (FPV), se sancionó la Ordenanza Nº 6.767, por la cual se ratifica el acuerdo, el que se convirtió en parte del marco legal como Anexo I”, explican los autores del reclamo que fue remitido al intendente Eduardo Accastello y otros estamentos comunales.
“Sin embargo, de la lectura del acuerdo, a los efectos de conocer el monto o porcentaje de la redeterminación de precios de las obras (léase ajuste monetario como consecuencias de la inflación), el acuerdo, en su artículo 2º, simplemente expresa que el Instituto Municipal de Inversión redeterminará (en tiempo futuro) los precios pactados en los contratos referidos. De tal manera, del citado texto, pareciera que los precios se redeterminarían mas adelante”, aclaran en otro párrafo de la misiva.
Guardándose para el final, el vocal del Tribunal de Cuentas y el edil develan más cuestiones que ponen en tela de juicio el convenio que cosechó la adhesión de los concejales.
“En la tercera clausula del acuerdo aprobado dice que Ivecor acepta la redeterminación del precio... que se efectúa... (en tiempo presente)”, subrayan los integrantes del PV antes de rematar para concluir que “de tal manera, se dispone un ajuste de precios por obras cuyo costo debe ser asumido por los vecinos afectados, pero del texto de la ordenanza no se sabe si el ajuste ya se ha realizado, si se va a realizar, como tampoco se fijan pautas, porcentajes, valores o coeficientes a aplicar”.
“En nuestro carácter de funcionarios, como por representar intereses de los vecinos, es nuestra obligación solicitar, se nos informe el monto, o porcentaje, o el valor de las redeterminaciones acordadas o por acordar con Ivecor”, concluyeron manifestando los responsables del escrito al que tuvo acceso EL DIARIO.
