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11 de Mayo de 2014
Provinciales - Causa CBI Cordubensis
Operativo en Bacar
“Es lo menos que podían hacer”, dijo el abogado de los 228 ahorristas (o especuladores) que quisieron multiplicar su dinero y terminaron restando
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El fiscal Gustavo Vidal Lascano
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano confirmó ayer que el viernes último se realizaron allanamientos en oficinas de la empresa Bacar, en el marco de la causa CBI Cordubensis. 
Según relató el magistrado, la intervención fue de oficio luego de la publicación del informe del programa ADN de Cal 10, que apunta que la firma Cordubensis SA realizaba maniobras fraudulentas y especulativas con dinero.
“Decidimos los allanamientos a partir de la información que publicó un programa de Canal 10, mediante un documento fílmico que da cuenta de una supuesta mesa de dinero”, señaló. 
Al ser consultado sobre los pormenores del operativo, Vidal Lascano se limitó a confirmar que “se secuestraron pruebas” y que el procedimiento fue “positivo”.
El fiscal se encuentra provisoriamente a cargo de la investigación en remplazo de Enrique Senestrari. 
El mismo viernes se supo que dos ahorristas de CBI presentaron un pedido de quiebra contra la financiera cordobesa y los cuatro socios imputados de estafa y asociación financiera clandestina: Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Oscar Altamirano y Julio César Ahumada.
 
La palabra del abogado
 
La presentación está a cargo del abogado que los patrocina, Carlos Nayi, quien también representa a otros 228 ahorristas que seguirían la misma vía.
En diálogo con Cadena 3, Nayi dijo que no sabía sobre los allanamientos realizados y consideró que “es lo menos que se puede hacer frente a elementos y evidencias que ubican el hecho en un plano de ilegalidad la operatoria de Bacar”. 
E insistió: “Esta gente ha utilizado la empresa Bacar para cumplir actividades francamente ilícitas”. 
“Asimismo, se ha pedido que se haga operativa la disposición y se haga extensiva eventualmente la responsabilidad en contra de otras dos personas: Euclides Bugliotti y su contador Fernando Guevara”, precisó el letrado.
Los 228 ahorristas (o especuladores) bajo su patrocinio reclaman 25 millones de pesos "en término de valor nominal".
Asimismo el abogado señaló que a sus clientes no se los puede cuestionar por buscar de “optimizar el rinde de sus ahorros”, buscan la mejor tasa de interés.

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