Cecilia Fernández, jueza de Niñez, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María no tiene ningún reparo al asegurar que en los últimos años “hemos retrocedido”, cuando de intentar cortar, en los menores, la cadena cuyos eslabones son la droga, la violencia, la falta de contención familiar y la ausencia de una educación. Ante este panorama, asegura que un chico no tiene “absolutamente ninguna posibilidad de recuperarse” de las drogas.
Considera que los estupefacientes están detrás de la mayoría de los delitos que cometen los menores y que hay responsabilidad política en la ausencia de lugares y recursos destinados para su tratamiento.
-En 2009 dijo que Villa María tenía un gravísimo problema en cuanto a adicción en menores ya que en el 99% de las causas existía adicción. ¿Cómo estamos casi cinco años después?
-Siguen sin haber políticas específicas para la prevención, tratamiento y contención de menores con problemas de drogas. De hecho, no hemos avanzado en nada, al contrario, creo que hemos retrocedido.
En Villa María hay un solo lugar para tratamientos ambulatorios que es la Asociación Nazareth, pero en el Departamento General San Martín no tenemos nada para internación. Y en Córdoba, que es donde derivamos a los chicos, es muy poco lo que hace el Ministerio de Acción Social a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). De hecho, la semana pasada tuvimos un problema porque derivamos a un chico que fue a pedir ayuda a Tribunales y de allá lo evaluaron diciendo que no necesitaba internación y nos lo devolvieron a Villa María como si nada y nosotros acá no podíamos seguir atendiéndolo.
-Ante este panorama de retroceso que plantea, ¿qué posibilidad tiene un chico con problemas de droga de recuperarse?
-Ninguna. Absolutamente ninguna porque de la droga no se sale sin tratamiento, y los tratamientos son muy costosos en los lugares privados porque necesitan profesionales muy capacitados, pero, encima hay un retroceso porque antes la Provincia le pagaba la asistencia a menores que necesitaban internación y hoy es muy poco lo que se hace. Para peor, a muchos de los chicos que logran internarse se los devuelve al seno familiar sin haber trabajado con la familia como se debe. Retrocedimos en el tiempo, en calidad de asistencia y, al mismo tiempo, el consumo entre los menores aumentó significativamente.
-El jefe de la Policía, Luis Gerbino, aseguró que atrás de los últimos hechos de violencia no está la droga. ¿Cree que es así?
-Es sencillo, nosotros tomamos conocimiento de lo que pasa por el contacto directo con el menor que comete o supuestamente cometió un delito, y son ellos mismos los que nos cuentan que consumen droga, fuman porro, paco, y demás. El chico te dice con total franqueza que consume algún tipo de droga de manera habitual o de vez en cuando.
-Los menores que delinquen, andan con armas o con drogas, ¿no temen a las represalias de la ley?
-Es que cuando consumen pierden contacto con la realidad y se pierde todo tipo de inhibiciones. El problema es de dónde consiguen las armas o quién se las da. Porque para darle un arma a un chico de 13 ó 15 años para que cometa un delito quiere decir que hay un circuito de circulación de armas.
-¿Caen ante estos delitos por necesidad?
-Nunca se justifica el robo o la violencia por necesidad. Se roba por falta de escolarización, falta de educación por parte de las familias. Escucho permanentemente que ha caído el nivel de escolarización, muchos chicos no terminan la secundaria, todo eso, más el avance de las drogas, genera el delito a edades precoces. Cuando hay necesidad económica, lo que se debe hacer es tratar de que la familia tenga recursos. Pero hay mucha gente que no trabaja, o que vive de subsidios hace muchos años y que por la crisis económica tampoco le alcanzan.
-¿La droga no sólo está relacionada con la violencia en menores?
-A partir desde que tengo la competencia de violencia familiar, lo puedo observar claramente. El consumo de drogas y alcohol interviene o es causante importante en los casos de violencia familiar.
-¿Hay responsabilidad política por el hecho de que no haya recursos y lugares para tratar a los chicos con problemas de drogas?
-Sin dudas. Esto baja desde el nivel nacional, al provincial y al local, porque se trata de políticas de Estado. El Estado tiene que modificar esta realidad y no la toca. Esto no lo pido yo, lo pide el presidente de la Corte Suprema, lo piden desde la Iglesia.
-¿Qué puede hacer la Justicia para ayudar a un joven?
-No podemos hacer el seguimiento o continuar con el tratamiento porque muchas veces no hay dónde hacerlo. Mientras no existan los medios necesario para los tratamientos, mientras no existan las políticas serias para la contención de los menores y mientras la ley no se ponga en marcha como debe ser, es muy poco lo que podemos hacer desde la Justicia.
Damián Stupenengo
Desde que cambió la ley: “Se están violando los derechos del niño”
La ley cambió y eso provocó, según Cecilia Fernández, que se desbarate una red que funcionaba para darle prevención, tratamiento y posterior seguimiento a los jóvenes con problemas de drogas. De hecho, es una ley que todavía no se reglamentó, por lo que no sólo debilitó el sistema, sino que, considera, “se están violando todos los derechos de los niños”:
“A partir de la modificación de la Ley 9.944 que es la Ley de Menores, cuando ocurrían este tipo de cosas, se intervenía desde la Justicia, se buscaban recursos y había toda una red que funcionaba. En este momento, esto ha quedado a cargo de la SENAF y depende estrictamente del Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos intervenir y para el caso que intervenga la Justicia inmediatamente tiene la obligación de ponerlo a disposición de la SENAF.
El problema es que la SENAF no tiene recursos para hacer frente a estas cuestiones. En Villa María funciona una dependencia del SENAF, pero con muy poco personal para trabajar y carece de medios de movilidad y recursos, entonces poca contención puede dar.
Lo que antes se hacía a través de las redes que se habían implementado y que funcionó durante casi 50 años en la provincia, era una ley buena y en condiciones, salvo algunas cosas que hubieran tenido que modificar, pero respondía a la Convención de los Derechos del Niño. El agravante de la situación actual es que la ley se dictó, pero no se reglamentó, por eso han logrado con esta ley que se violen flagrantemente los derechos de los niños, porque quedan absolutamente a la deriva. Funciona, pero no está a la altura”.