Un capítulo más se sumó al hecho que se dio a conocer en enero, cuando una inspección de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) desnudó la realidad en una quinta de Cárcano donde 11 trabajadores bolivianos y una media docena de niños vivían en condiciones inhumanas; sin agua, luz, gas y tampoco las mínimas instalaciones sanitarias.

Ayer, en la dependencia del Ministerio de Trabajo en la ciudad, Carmela Gallardo, la propietaria de la quinta, y Eduardo Dolman, su abogado, se reunieron con los denunciantes.

“Desde Córdoba solicitaron una nueva audiencia para que se ratifique o no nuestra posición, de que si se habían registrado o no a los empleados. Nosotros ratificamos que nunca hubo relación laboral y que seguramente ese expediente vuelve a Córdoba”, explicó el abogado.

Con respecto a la continuidad del conflicto, Dolman explicó que “nunca hubo relación laboral, mantenemos la posición y lo que se está tramitando ahora en Bell Ville son dos sumarios penales, uno en el cual se está investigando la supuesta comisión de delitos de trata de personas a los fines de explotación laboral de la cual nosotros pedimos el archivo”.

Para que ese pedido se concrete, se está aguardando un informe de la Secretaría de Trata de Personas de Buenos Aires que estuvo presente en las audiencias testimoniales, “una vez que llegue ese informe vamos a ratificar el pedido de sobreseimiento o de las actuaciones, porque sabemos que no hay delito”, sostuvo.