Escribe: Jesús Chirino

Producido el secuestro de Abel Ayerza y su amigo Santiago Hueyo, hijo de un ministro del Gobierno nacional, la prensa de la época le dio una inusitada difusión al caso.

Por su parte ciertos sectores políticos entendieron que éste y otros secuestros perpetrados por grupos organizados de delincuentes eran consecuencias de la derogación de la pena de muerte realizada el año 1922. Fue así que arreciaron propuestas para incluir penas más severas en el Código Penal.

Pero el caso Ayerza contó con varias denuncias de irregularidades. Algunas de ellas se produjeron en Villa María, donde se alojaron a implicados en la causa.

Gran cobertura periodística

Conocido el secuestro, los medios de prensa generaron abundante información sobre el tema publicándola de manera tal como si se tratara de una novela en capítulos.

Surgieron las más variadas hipótesis y cada una fue difundida en detalles. Las radios transmitían novedades en cada noticiero, en tanto que los medios gráficos llegaron a poner aviones a disposición de los cronistas que cubrían el hecho. Así los lectores cada día accedían a pormenorizadas crónicas en los diarios más importantes del país, en especial los de Buenos Aires.

Acusación contra el juez

En abril de 1933 el juez del Crimen, Francisco J. Setíen, en aquel momento a cargo de la causa por el secuestro y homicidio del Abel Ayerza y el secuestro de Santiago Hueyo, dictó la prisión preventiva para algunos de los implicados y la libertad para otros detenidos. A poco de eso el juez fue denunciado por el abogado defensor de José La Torre, uno de los implicados en el caso que continuó preso.

El lunes 17 de abril de 1933 el abogado Oscar S. Turchi, llegó con su acusación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ese mismo día el diario local Heraldo publicó la noticia hablando de las irregularidades en el proceso de Ayerza.

Preso en Villa Nueva

José La Torre cumplía arresto en la Subcomisaría de Villa Nueva, establecimiento que se encontraba bajo la jurisdicción de la Jefatura Política con asiento en Villa María.

Turchi acusó al juez de abandonar las funciones a su cargo ausentándose de la ciudad sin comunicarlo previamente, sin otorgarle importancia a las importantes cuestiones que debía resolver. También le reprochó que La Torre continuara incomunicado a pesar de que ya se le había dictado la prisión preventiva.

El martes 11 de abril, Turchi, que tenía su estudio en Paraguay 173, concurrió al juzgado pretendiendo lograr permiso para comunicarse con su defendido. El juez le informó que la incomunicación seguía vigente pero que presentara un escrito solicitando el levantamiento de la misma y que él resolvería de manera inmediata. El día miércoles, a las diez horas, el defensor entregó en manos del secretario Jerónimo Brocca el escrito correspondiente. Brocca le informó que no sabía si el juez estaba en la localidad. Cuando al filo del mediodía Turchi regresó al juzgado, el secretario le confirmó que el juez no se encontraba en la ciudad y que no podría resolver la cuestión.

De esa manera el defensor quedaba sin la posibilidad de tener contacto alguno con su defendido que llevaba dos meses y medios detenido y con una incomunicación rigurosa.

Ese mismo día, el abogado defensor concurrió ante el escribano Leopoldo Garrocq para labrar un acta en que constara lo sucedido. También le pidió al escribano que se trasladara hasta la Subcomisaría de Villa Nueva, la Jefatura Política de Villa María y hasta la casa en que funcionaba el Juzgado del Crimen que era el domicilio particular del secretario. El escribano también tuvo que llegarse al domicilio del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, doctor Estévez. Los testigos, que participaron de ese recorrido, fueron Pedro Buconic hijo y Roque Sosa. A las 16,30 horas partió la comisión hacia Villa Nueva para visitar la sede policial.

El resultado del periplo fue la confirmación de lo que señalaba Turchi y teniendo todo registrado en el acta notarial fundamentó su denuncia que se sumaba a otras como la de los golpes al menor Carlos Rampello, comentadas el domingo próximo pasado en este mismo espacio.

José La Torre sería uno de los integrantes de la banda que terminaría condenado a cadena perpetua cuando la Cámara de Apelaciones, en 1939, dio a conocer las penas definitivas. El sindicado como jefe de la banda de mafiosos que realizó el secuestro, Juan Galiffi más conocido como “Chico grande”, fue deportado a su Italia natal en 1935.

Acerca de Galiffi los medios de la época generaron una representación que lo asemejaba a Al Capone. Cuando se produjeron los arrestos, se vio que ni el jefe ni la banda eran los delincuentes pintados por las películas de Hollywood. Recordemos que “Scarface” se estrenó a dos meses del secuestro de Ayerza. En realidad los secuestradores locales eran gente como los Di Grado, propietarios de una verdulería. Conocidos los rostros de los implicados en el caso, varios medios de prensa echaron mano a supuestas técnicas para identificar, en las características físicas de los mismos, señales de su peligrosidad. Eran publicados los toscos rostros de los delincuentes, contrastando con el anguloso rostro del joven asesinado y, desde un discurso nacionalista, se hablaba de la “mala inmigración” y su peligrosidad.

En la escritura de la historia de aquel crimen se han llenado innumerables páginas que olvidan el contexto y sólo rescatan el guión del novelón generado por algunos medios de prensa. El caso constituyó un especial cruce entre opinión pública y el mundo jurídico en cual se cuestionaba la criminología positivista.