La demora del Gobierno en llamar a elecciones para poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo, aprobada en noviembre de 2011, originó un pronunciamiento público de la exconcejala del radicalismo (y actual vicepresidenta del comité villanovense del partido), Sandra Bailone, quien había impulsado el proyecto.

La dilatación en la puesta en marcha "muestra una vez más cómo los partidos opositores que tienen la intención de hacer un acompañamiento del Gobierno de turno son también ignorados" por el poder, declaró la exlegisladora al dialogar con EL DIARIO.

 "El radicalismo ha tratado en lo posible de acompañar y proponer, pero el oficialismo ignora las propuestas de las minorías", aseguró y puso como ejemplo, además, que el intendente Guillermo Cavagnero viola la ordenanza de control de propaganda oficial, "ya que sigue presentando todas las propagandas con su nombre, algo que no lo puede hacer tratándose de gestiones con fondos públicos".

La norma que reglamentó al ombudsman local fue sancionada el 2 de noviembre de 2011. Ese día, el por entonces edil Mauro Bizzarri le dijo a este diario que recién se implementaría en 2015 para no incurrir en dobles gastos de elecciones, y hacerla junto a los comicios para intendente. Bailone rechazó esta circunstancia en ese momento y ahora también.

"El intendente ya tendría que haber tomado la medida de convocar a elecciones, así como se ha llamado para renovar comisiones de centros vecinales. 

Aquella vez, a pesar de no estar presente el concejal (Javier) Pérez, tuve el acompañamiento de los ediles oficialistas. Ya que (Cavagnero) no respeta a la oposición, que por lo menos respete a su bloque, que tenga la grandeza de hacerlo", manifestó.

Recalcó que la figura del defensor "no tiene camiseta partidaria, algo que establece la misma ordenanza". 

Bailone persiguió tres años -basada en la Carta Orgánica Municipal, que en 1995 creó la institución- la implementación del mismo durante su mandato como concejala, en el período anterior.

Cabe consignar que este funcionario tendrá como objetivo proteger los derechos e intereses legítimos de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública municipal, quedando comprometidas también la administración centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas públicas, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas, Departamento Ejecutivo, delegaciones municipales, personas jurídicas públicas, empresas prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, entre otras”.

De acuerdo a la norma aprobada, la Auditoría tendrá “plena autonomía funcional, administrativa y financiera” y no estará sujeto a “mandato imperativo alguno”, no recibirá “instrucciones de ninguna autoridad” y actuará “de acuerdo a su criterio y a las normas legales vigentes.”

La ciudadanía lo elegirá “mediante el voto directo”. Tendrá que elegir a un suplente, también. Durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelecto por un nuevo período consecutivo.

Los mismos requisitos que debe reunir un concejal para asumir son los que deberá tener el ombusman. La actividad de la Defensoría deberá ser garantizada económica y financieramente por el Estado municipal.