La tarea era sencilla, debía recoger los residuos de la poda, trabajo que hacía con entusiasmo en un camión destinado para tal fin y con una cuadrilla que hacía tareas similares.

En su legajo, califican su desempeño como “satisfactorio”.

Sin embargo, en febrero de este año, las autoridades municipales informaron que no le renovarían el contrato.

Los padres de Sergio, Carlos Andrada y Ana Rodríguez, no dudaron. Su hijo tiene un retraso madurativo y entendieron que el despido había sido un hecho discriminatorio por tratarse de una persona con discapacidad.

Frente a eso, presentaron formalmente la denuncia ante el INADI, que actualmente analiza tanto los testimonios de los denunciantes, como el descargo que presentó el intendente, Jorge Yamul.

 

El descargo

El mandatario hernandense hizo declaraciones a RH1, emisora de la localidad, donde manifestó que el joven “fue una más de las personas a las cuales no se le renovó el contrato a fines de febrero debido a la emergencia económica” de la comuna.

 Yamul dio a conocer que notificaron el despido el 19 de febrero y el certificado de discapacidad fue presentado casi 10 días después. “En su legajo no hay constancia de ningún retraso madurativo”, explicó.

“Sería discriminación si se lo hubiera dejado sin trabajo por su discapacidad, pero fue por razones económicas”, manifestó Yamul.

“Cada uno tiene derecho a denunciar lo que le parece y nosotros, derecho a defendernos”, agregó en esas declaraciones.

Sostuvo además que “se le habló al padre de la posibilidad de reincorporarlo, pero nos respondieron que todo estaba en manos de abogados e iba a seguir de esa forma”.

 

A la Justicia

Además de la presentación en el INADI, la familia de Sergio Andrada resolvió presentar un recurso de amparo en los Tribunales de Río Tercero, para lograr que lo reincorporen al trabajo, pero de manera permanente y en blanco.

 Fernando Benso, abogado de la familia Andrada, en diálogo con RH1 ratificó la postura de la discriminación, explicando que es manifiesta en tanto y en cuanto “el municipio no permite a un trabajador con discapacidad, en condiciones de igualdad, mantener la estabilidad administrativa, tal como lo establece el Estatuto del Empleado Municipal.

“No es correcto hacer una contratación temporal para una actividad por carácter indefinido”, agregó el letrado. 

Dijo además que el municipio no está cumpliendo con la normativa que establece que el 4% del personal del Estado debe estar reservado para personas discapacitadas.

Sobre la entrega del certificado de discapacidad después de la notificación del despido, Benso señaló “que cualquiera podía constatar la discapacidad del joven”.

Informó además que se presentó que la salud del joven se vio deteriorada por la falta de empleo y que actualmente sufre un proceso depresivo.

Por esa razón, ante la Justicia solicitó la reincorporación en planta permanente. “El intendente ofreció incorporarlo en negro y por día, pero no se aceptó por parte de la familia”, concluyó el abogado.