Apenas días desde la asunción del gobierno democrático elegido por voto popular, la ciudadanía seguía tomando conocimiento de las atrocidades cometidas durante la dictadura desaparecedora de personas. Se iban conociendo detalles de las historias de ciudadanos que fueron detenidos, torturados, algunos muertos y otros que pasaron a formar parte de los miles de desaparecidos. Era reciente la salida de un régimen que gobernó mediante el terror, haciendo que el miedo y el dolor recorrieran todo el cuerpo social. Había sido un tiempo donde algunos sectores sociales naturalizaron tanto la delación como la colaboración con los representantes locales de la dictadura. Entre todo lo sufrido durante la dictadura que quedó atrás, por lo cual se pedía justicia, estaba la situación de aquellos trabajadores que habían sido dejados sin trabajo. En enero de 1984 desde los sindicatos de trabajadores se constituyó el Movimiento de Prescindidos y Cesantes de Villa María y Región. Según declararon a EL DIARIO, Oscar Mengarelli, Nelly Caramelino y Osmar Zapata, dirigentes del movimiento, se censaron 137 trabajadores que durante la dictadura fueron dejados de lado en sus trabajos. Se llegó a esa cifra a partir de un censo realizado por el propio Movimiento. 

Recordemos que por entonces recién se encaraba la normalización de las organizaciones gremiales. El 12 de julio recién se dio a conocer la Ley nacional 23.071 mediante la cual se otorgó un plazo de hasta de 60 días para realizar elecciones de comisiones directivas de la organizaciones gremiales de primer grado. Ese mismo día en Villa María, el Centro de Empleados de Comercio fue la primera entidad gremial que encaró la normalización convocando al acto electoral que tendría lugar el 14 de septiembre.

El 14  de julio, el Movimiento de Prescindidos y Cesantes realizó una conferencia de prensa en la cual se criticaron duramente los requisitos fijados por el Gobierno provincial para la reincorporación de los empleados del Estado cordobés. Allí se sostuvo que “el trabajador prescindido reclama una reparación de tipo moral. Si el Estado, por razones de eficiencia, no acepta prescindidos o cesanteados con niveles psíquicos–físicos insuficientes, pues que los jubile, en el caso que las sanciones respondieron a cuestiones políticas o discriminatorias”. También se señaló que en algunos casos en que fueron reincorporados “los obligaron a cobrar una indemnización en cuotas congeladas. Ahora los reincorporaron pero están  exigidos a devolver aquella en cuotas actualizadas”. 

La realidad de aquellos trabajadores era algo que debía ser explicada en diferentes ámbitos, y no en todos ellos era comprendida. En esa misma conferencia se informó que se había hablado con autoridades de Fabricaciones Militares y del Ministerio de Defensa Nacional pero, dijeron los gremialistas: “No hubo contestación a nuestras solicitudes”. Por el caso de los docentes cesanteados se entrevistaron con el vicegobernador Edgardo Grosso como así también con el subsecretario de educación de la Nación, Alfredo Bravo, en oportunidad que éste visitara Villa María, “pero las cesantías e inhabilitaciones continúan” se quejaban los dirigentes gremiales. 

Pedir por la reincorporación de los trabajadores que habían sido cesanteados por motivos políticos o gremiales durante la dictadura era un acto de justicia pero no toda la ciudadanía lo entendía así, cuestión similar pasaba con los gobernantes. De allí que no sólo era necesario visitar los despachos oficiales, sino que también se tornaba imprescindible lograr un apoyo popular que se expresara claramente. Quizás por esa necesidad es que el Movimiento de Prescindidos y Cesantes de Villa María organizó un acto público en la esquina de San Martín y Corrientes. La cita fue fijada para el día viernes 20 a las 19 horas.  

El un par de días antes EL DIARIO publicó el apoyo al reclamo por parte del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El comunicado de ese partido político, firmado por Diego Sobrino que presidía la organización a nivel local, decía “la reivindicación de los prescindidos y cesantes, al margen de la substancial y específica motivación de justicia que los moviliza, debe insertarse en el imprescindible debate y movilización nacional para la corrección de un rumbo económico, cuya persistencia condiciona severamente el imperativo irrenunciable de afianzamiento de la democracia”. 

Días posteriores se hicieron públicas otras adhesiones al reclamo de los trabajadores. Entre éstos contaba el de la delegación Villa María de la CGT que solicitaba la “urgente derogación de toda legislación de facto que atente a encontrar la vía correspondiente a reparar los daños morales y económicos de miles de hogares obreros” a la vez que exigía del “gobierno nacional y estados provinciales una pronta solución a esta lamentable situación que continúan atravesando los compañeros prescindidos”. También se solidarizó la seccional local de la Asociación Bancaria que reclamó “una pronta normalización de esta situación, mediante una Ley Constitucional que solucione definitivamente el problema”.

Otras organizaciones que adhirieron fueron el Partido Intransigente, el justicialismo, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Partido Comunista, el Frente de Izquierda Popular. Además, el Sindicato del Seguro, la Asociación de Trabajadores del Estado, los mercantiles, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, La Fraternidad, los trabajadores de la salud nucleados en ATSA. En tanto la Juventud Radical de la ciudad, con la firma de Marina Blanc y Juan José Dutto, se declaró “consustanciada con los reclamos de los trabajadores prescindibles y cesantes” adhiriendo e invitando al acto.  

El acto se realizó según lo previsto. Asistieron alrededor de cien personas y Osmar Zapata leyó un documento del cual Oscar Mengarelli repartió ejemplares entre los representantes de los partidos políticos y legisladores presentes. La crónica de la época señala que participaron del acto el entonces diputado Orlando Sella del Partido Justicialista, Juan Dutto de los jóvenes radicales y Manuel Dávila del Partido Intransigente. El documento leído decía que “las cesantías y prescindibilidades, las inhabilitaciones, las cárceles, las torturas, las desapariciones y la muerte de trabajadores y dirigentes que no compartían sus ideas, fueron los pilares en donde fundamentó la dictadura la posibilidad de concreción de sus objetivos”. Luego se analizaron, en los términos ya expresados, los decretos provinciales 849 y 925. También se dejaron expresados los principales reclamos del Movimiento: regreso al trabajo con idéntico cargo al que fueron dejado cesantes y reivindicación moral, levantamiento inmediato de inhabilitaciones, considerar como cesantes y reincorporar inmediatamente a todos aquellos trabajadores que por presión tuvieron que renunciar, reincorporar a quienes debieron aceptar jubilaciones denigrantes, derogación de todas las leyes y decretos aplicados por la dictadura militar y dejar sin efecto las actas de reincorporación homologadas por el Ministerio de Trabajo durante la dictadura.

El 27 de julio del mismo año, en la sede del Gobierno provincial, se realizó un acto público  de desagravio en el cual se reincorporaron trece docentes dados de baja por la aplicación de las leyes de prescindibilidad 5.911 y 5.913 dictada por el Gobierno de facto. Ese acto se efectuó por lo estipulado mediante el Decreto provincial 849. Entre los que esa noche recibieron el decreto de reincorporación de manos del gobernador, estaba el senador Daniel Antonio Baysre. Luego de que hicieran uso de la palabra las autoridades, habló Baysre que entre conceptos señaló: “Ustedes docentes tienen la obligación de defender la democracia, para que nuestra Patria nunca más vuelva a sentir el yugo de la dictadura. Viva la democracia”. Baysre que  por problemas de tiempo no se hizo cargo de sus horas de cátedra, al igual que otros docentes, también fue reincorporado a sus cargos en el Instituto Rivadavia. En esta institución se realizó un emotivo acto en el patio de la escuela donde, según recuerda Baysre en su libro “El radicalismo que yo viví”, hablaron Mario Bravo, el director del establecimiento y él mismo.        

Si bien aquellos actos de reincorporación fueron reparadores, aún quedaba mucho camino para recorrer para y lograr que se entendiera el problema de quienes durante la dictadura sufrieron la cesantía por causas políticas o gremiales.