Luego de dos suspensiones y una serie de demoras por cuestiones procesales, finalmente comenzó ayer el juicio oral y privado a un hombre que está acusado de haber abusado en 2004 sexualmente de una niña de su entorno familiar, cuando la supuesta víctima tenía menos 2 años de edad.
Se trata de la causa penal que se le sigue a Eugenio Guillermo Torres, de 43 años de edad (9 de agosto de 1970), quien está imputado como presunto autor de “abuso sexual con acceso carnal calificado”, un grave delito que es castigado con prisión de ocho a 20 años.
A Torres también se le atribuye la supuesta autoría de “abuso sexual agravado, reiterado”, por hechos que habrían ocurrido entre mayo y diciembre de 2004, y la víctima es una nena que tiene 11 años, pero que al momento de los supuestos abusos sólo tenía entre un año y medio y 2 años y pertenece a la familia del imputado; de ahí que se trata de ilícitos agravados.
Pese a que el más grave de los delitos que le atribuyen no es excarcelable, puesto que el mínimo de la pena supera ampliamente los tres años de prisión, el acusado permanece en libertad porque oportunamente se la concedió el exfiscal de Instrucción y actual vocal de Cámara, Félix Martínez, quien al resolver la cuestión sostuvo que no había “peligrosidad procesal” como para que el acusado se fugara o entorpeciera la investigación de la causa.
Suspensiones
En principio, este juicio se iba a realizar el 21 de junio de 2011, cuando el por entonces abogado defensor, Juan Antonio Rusconi, presentó un pedido de “probation”, o suspensión del juicio a prueba, lo que obligó a la camarista Silvia Saslavsky de Camandone a tener que darle trámite procesal.
Apenas cuatro días después, el fiscal de Cámara subrogante, Horacio Vázquez, rechazó de plano el requerimiento, por lo que le denegó la aplicación del instituto legal que permite reparar económicamente el daño ocasionado y que obliga al imputado a cumplir determinadas tareas comunitarias, además de tener que someterse a un tratamiento psicológico.
Sin embargo, la causa sufrió nuevas dilaciones por diferentes incidentes jurídicos, hasta que se fijó como nueva fecha para la audiencia de debate el 4 de junio de 2012. Cuando llegó ese día, el nuevo defensor de Torres, Marcelo Martín Silvano, solicitó una suspensión del juicio, en esa oportunidad invocando problemas personales, por lo que la Cámara resolvió posponerlo tres semanas.
Otra serie de planteos procesales impidieron que el juicio se llevara a cabo a fines de aquel mes de junio y tuvo que pasar casi un año para que, finalmente, comenzara la audiencia.
Además de la jueza Saslavsky, el fiscal Vázquez y el abogado Martín Silvano, intervienen en este juicio el abogado local Antonio Alarcos, quien representa a la madre de la presunta víctima, quien se constituyó en la causa como querellante particular, mientras que la secretaria actuante es Gabriela Sanz.
Tres testigos
La audiencia de la víspera se inició apenas pasadas las 10 y durante casi cuatro horas comparecieron tres testigos.
En primera instancia, y por espacio de unos 90 minutos, declaró la denunciante y madre de la supuesta víctima (su identidad de mantendrá en reserva por cuestiones legales), y posteriormente hicieron lo propio Anahí Becerra, una instrumentadora quirúrgica del Hospital Pasteur, y la licenciada Ivonne Marcatto de Olcese, psicología de niños y adolescentes, quien supo asistir profesionalmente a la menor.
Para hoy, en tanto, está previsto que comparezcan otros siete testigos, entre ellos los médicos villamarienses Juan Zazzetti y Ricardo Abuzaid y la psicóloga cordobesa Estela María Bett.
Como la Defensa agregó ayer a la causa dos informes periciales, uno psiquiátrico y otro psicológico, ambos realizados sobre la Cámara Gesell que se le practicó a la menor, pidió que ambos profesionales presten declaración en la sala de la Cámara del Crimen.
Por su parte, y en función de los dichos de la madre de la nena al testimoniar en la víspera, el abogado querellante pidió que se cite a María Esther Ferreyra, quien fue niñera de la criatura, y a su actual psicóloga, la licenciada Adriana Ruiz, domiciliada en una villa serrana próxima a Carlos Paz.
La audiencia está programada para las 8.30 y, como en toda causa de instancia privada, se realizará a puertas cerradas, es decir sin acceso del público al recinto ubicado en el quinto piso de los Tribunales locales.
Si en la audiencia de hoy se logra receptar todas las testimoniales requeridas, los alegatos y la sentencia quedarían para mañana, aunque lo más probable es que la definición de este juicio pase para la semana venidera, ya que jueves y viernes el fiscal Vázquez debe atender otras causas en el Palacio de Justicia de Río Tercero.
Otros detalles
Eugenio Torres, un trabajador gastronómico que se gana la vida en un comedor de la localidad de Colazo, estuvo detenido unos cuatro meses a poco de ser denunciado por la madre de la menor y le concedieron la excarcelación en base a un pedido del exdefensor Juan Rusconi, quien en aquel momento se desempeñaba como asesor letrado.
Lo curioso del caso es que Torres obtuvo la libertad pese a tener una condena anterior a los hechos que se le atribuyen, por un caso de violencia familiar (en contra de su exesposa), ocasión en la que le impusieron nueve meses de prisión en suspenso por “lesiones leves”.
Cabe señalar también que, a poco de iniciada la causa penal, la madre de niña presuntamente abusada se constituyó como querellante particular con el patrocinio del letrado villamariense Eduardo Luis Rodríguez, y posteriormente designó a Alarcos como su representante legal.