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10 de Junio de 2014
Tribunos de Cuentas
Otra orden de pago rechazada
Los vocales José Naselli y Gustavo Maristany reprobaron el pedido de fondos para solventar la movilidad con grúas de unos ochenta rodados efectuada por Federación Mercantil
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Según lo que aseguran los vocales Naselli y Maristany, los rodados movilizados por Federación Mercantil no habían incurrido en ninguna infracción de tránsito, por lo tanto la acción de traslado no merece el pago pedido
Un nuevo contrapunto con eje en un pedido de pago a Federación Mercantil se generó en el seno del Tribunal de Cuentas.
Esta vez, los vocales y referentes de la oposición, José Naselli y Gustavo Maristany, rechazaron una orden de pago por 19.500 pesos destinada a solventar el “traslado de vehículos” efectuado por grúas que realizan servicios para la entidad.
Para fundamentar la reprobación efectuada ayer, Naselli y Maristany recordaron los alcances de la solicitud de legalidad y motivación que fue contestada oficialmente por el secretario de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Carlos De Falco.
Según lo precisado por los tribunos, De Falco utilizó en su argumentación “insólitas referencias explicativas” para justificar los traslados.
Lo que nunca pudo demostrar el encumbrado funcionario comunal fue que alguno de los rodados movidos de lugar hubiera cometido alguna infracción de tránsito.
En el listado compuesto por 80 vehículos que se trasladaron, se observan algunos dados de baja por la Policía de la Provincia, otros movilizados por la necesidad de liberar la calzada por la que desfilaría una caravana de “autos antiguos” o por la necesidad de liberar la vecindad del Festival Peñero (o de algún otro evento cultural). También nutren el listado móviles municipales afectados por averías mecánicas (incluidos los del Eninder).
“Revisada la normativa, no se advierte ninguna facultad o autorización ni explícita ni tácita, para que la pretendida concesionaria proceda a remover vehículo alguno, salvo que el mismo se encuentre en infracción”, dijeron los vocales antes de rematar que “del listado (aportado por el proveedor) no se advierte que alguno de ellos haya sido acarreado por encontrarse en tal situación. Tampoco se advierte qué autoridad dispuso el traslado ni cuál fue el funcionario municipal investido con el poder de policía suficiente para ordenar nada menos que la remoción y acarreo de un vehículo sin el asentimiento de su propietario”.

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