Escribe Mara Laudonia, 

enviada especial de Télam a Washington

 

La posición argentina en el juicio de los fondos buitre contra el país recibió un fuerte apoyo internacional en los últimos días, en la previa del pronunciamiento que dará a conocer el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a si acepta tratar la apelación presentada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner. 

Del intenso lobby internacional favorable a la Argentina participaron organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones no gubernamentales, analistas, empresarios y -más discretamente- el gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos que,  después de reuniones mantenidas con una delegación parlamentaria argentina -integrada por el oficialismo y la oposición- dieron mayor visibilidad a la posición del país cuando quedan horas para que se conozca la decisión. 

En ese marco, la muestra de unidad multipartidaria en la posición por la reestructuración de deuda argentina, que expresó la misión de la delegación de legisladores que concluyó el jueves, causó impacto político en Washington, que quedó con la impresión de que en este tema existe una política de Estado que será abordada de manera similar por el Gobierno que surja de las elecciones de 2015. 

Estos movimientos permiten levantar la apuesta de que la Corte Suprema de EE.UU. otorgaría "tiempo" a las partes. 

Este tiempo es traducido aquí en que hoy lunes, la opción que tiene más chances de concretarse es que el máximo tribunal solicite una opinión al Gobierno de Estados Unidos, o bien alguna variante que estire los plazos. 

De ser así, si bien la posición de Estados Unidos es favorable al país, debido a que expresó ya en instancias inferiores el impacto sistémico internacional que tendría el fallo contrario a Argentina dispuesto por el juez Thomas Griesa, no se espera que EE.UU. agilice los trámites para emitir su opinión. 

Al lobby se sumó una reunión de último momento del Directorio del FMI realizada el viernes último, donde se analizó un nuevo documento que será público en breve, que advierte de una amenaza sistémica de los fondos buitre, si prevalecen con su interpretación del "pari pasu" (tratamiento igualitario), en el causa contra la Argentina. 

Esta novedad de más "tiempo", surge en momentos donde Estados Unidos y sus empresarios demostraron pragmatismo, al interesarse en nuevos aires en las relaciones comerciales y bilaterales con Argentina, en especial por el potencial energético que significa el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. 

Lo que sucedió la semana pasada fue una nueva demostración indirecta de apoyo de EE.UU. al planteo argentino: tanto el Departamento de Estado, a través de Roberta Jacobson, como la titular de la bancada demócrata de en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, entre otros, accedieron a reunirse en tiempo récord con legisladores argentinos, en una agenda que fue preparada por la Embajada en Washington. 

Al margen, el Gobierno de Obama y los congresistas republicanos y demócratas -algunos estaban a favor y otros en contra de la posición local- recalcaron la "independencia de poderes", respecto de la Corte. 

 

Club de París y Repsol

Hubo comprensión del planteo argentino de la "cuestión de Estado" por la deuda, y del esfuerzo económico puesto de manifiesto por el país para resolver cuestiones como las del Club de París, el resarcimiento a Repsol por la expropiación de YPF, la puesta en marcha del nuevo indicador de precios nacional y haber alcanzado un arreglo con las empresas que acudieron a los Tribunales del CIADI. 

Los legisladores norteamericanos, que en el pasado fueron influidos por el lobby buitre destinado a lograr que EE.UU. vote en contra de Argentina en los organismos multilaterales o la promoción de sanciones comerciales, suavizaron ahora su posición con el país bajo la consigna de lograr a futuro alguna negociación destinada a superar el tema de los holdouts (los buitre, que son apenas el siete por ciento de los tenedores de bonos en default desde 2001 que no ingresaron en los canjes propuestos por Argentina en 2005 y 2010).

Así, el tema de los holdouts podría verse como algo aislado, luego de los pasos recientes que dio la Argentina y en momentos en donde hay pesos pesados interesados en ingresar en el negocio del  petróleo en Argentina. 

La palabra "negociación" es toda una definición en sí misma, y a nadie parece importarle definirla ahora. A modo de ejemplo, no necesariamente querrá decir que la Argentina cambie su postura de pagarle los fondos buitre no más que al resto, y por lo tanto volverían sobre la mesa las propuesta privadas para que los holdouts cobren más. 

Se habló también aquí y en Buenos Aires de una cláusula de los bonos del canje denominada "Rufo", que fue incluida en los contratos de los bonos nuevos reestructurados de 2005 y 2010, que protege al bonista del canje de que no podría Argentina ofrecer "voluntariamente" una oferta mejor a otros acreedores, y cuya vigencia caduca a fines de diciembre próximo. 

Si la Corte rechaza el caso y obliga a la Argentina a pagarle a los fondos buitre el 100% primero que al resto de los tenedores, está cláusula no se activaría debido a que "no sería una oferta voluntaria", sino que sería la Justicia de EE.UU. la que obligaría al país a pagarle más a unos que a otros. 

El plan B argentino -si la Corte rechaza el caso-, está guardado bajo siete llaves. Pero la cabeza de la defensa argentina ante la Corte Suprema, el exprocurador de EE.UU. Paul Clement, describió una serie de escenarios posibles y dentro de ellos citó la posibilidad de que esto derive en un default y nuevo canje, que requerirá eventualmente cambio de legislación, según un escrito legal del estudio Cleary. 

Más allá de estas movidas, lo concreto es que hoy, a las 9.30 hora local (las 10.30 en Argentina), el máximo tribunal estadounidense dará a conocer finalmente si acepta o rechaza la apelación presentada por Argentina o si pide a la administración Obama que emita una opinión en torno al tema.