Los grandes medios de comunicación pasaron por alto una determinación adoptada por la Legislatura chubutense en el curso de la semana que acaba de concluir. Como si se tratara de tapar el sol con la mano para que determinados ejemplos no cundan, se ignoró lo que representó el broche final de la lucha de mil trabajadores para preservar su fuente de trabajo.

A la sesión definitiva se llegó en el marco de un clima tenso , puesto que en las inmediaciones de la  Legislatura de Chubut se hallaban los trabajadores de la firma Alpesca, quienes exigieron una serie de reformas al proyecto original para que quedara fielmente reflejada la preservación de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Así se llegó a la sesión más esperada por los pesqueros.

Tras un álgido debate y la sorpresiva ausencia de la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, la ley de expropiación de los siete barcos y la planta pesquera de Apelsca se aprobó con los votos de los bloques del Frente para la Victoria, Chubut Somos Todos, el Polo Social y el del justicialista Carlos Gómez. Se abstuvieron los legisladores de la UCR y del PJ, José Karamarko y Gustavo Muñiz.

El proceso había iniciado con el ingreso del proyecto a la Legislatura el 25 de febrero y tomó estado parlamentario en el mes de marzo. 

Luego de varias reuniones, se logró la aceptación de los trabajadores que, como se dijo, pretendían desde el comienzo que se garantice la continuidad laboral de las mil personas. Esto finalmente consta en el artículo 5 de la nueva ley: “La explotación de las unidades productivas expropiadas se deberá llevar adelante con los trabajadores de Alpesca”, mientras que se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Coordinación.

En este marco, se autorizó al Gobierno de la provincia a realizar “las adecuaciones presupuestarias” para reactivar la pesquera y el pago de las indemnizaciones de los bienes expropiados por un monto de hasta 5 millones de pesos. 

Quedó para más adelante un pedido gubernamental de autorización para tomar los créditos necesarios para el relanzamiento de la industria.

 

El debate

La presidenta del FPV, Argentina Martínez, hizo un reconocimiento a los trabajadores y legisladores que trabajaron en los cambios de la iniciativa. “Como toda ley no es perfecta pero hicimos todas las salvedades, siempre preservando el puesto laboral y la unidad productiva, para que cuando se intente hacer algo con la empresa se requiera el acuerdo legislativo. Es el camino para comenzar a solucionar el problema. Los trabajadores serán custodios de esta ley y todo lo que se haga en la empresa tendrá que pasar por la Legislatura”, concluyó.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso,  expuso sus dudas ante el recinto colmado de empleados. “Estaba esperando ansiosamente que nos lo dijera la ministra Dufour, quien va a recibir el dinero para el relanzamiento de la empresa porque no van a ser los trabajadores, ni los acreedores, sino los dueños”, dijo.

Finalmente, el capitalino Exequiel Villagra se mostró crítico con el Gobierno provincial. “El día que el gobernador nos convocó en su despacho para anunciarnos su decisión de intervenir Alpesca, le expresé los recaudos para garantizar la continuidad de la unidad productiva y se produjo un silencio, que no era por casualidad. Mi preocupación es que estos funcionarios que no hicieron nada durante muchos meses, tampoco hagan nada para poner en marcha la unidad productiva”, concluyó. (Con información de InfoGEI)