Por espacio de una hora, la camarista Silvia Saslavsky de Camandone, el fiscal Horacio Vázquez y los abogados Antonio Alarcos (representante de la Querella) y Marcelo Martín Silvano (defensor) observaron ayer la Cámara Gesell practicada a la menor que habría sido abusada sexualmente por Eugenio Guillermo Torres (43), quien está siendo juzgado desde la semana pasada por hechos presuntamente ocurridos entre mayo y diciembre de 2004.
De acuerdo a lo que se había previsto el martes, cuando concluyó la etapa de recepción de pruebas testimoniales, la medida se concretó a partir de las 9.30 en el recinto ubicado en el ala posterior del quinto piso de Tribunales, donde desde fines de diciembre de 2005 funciona una sala de Cámara Gesell.
Allí se dieron cita la jueza y las partes para ver la pericia realizada en 2007, cuando la presunta víctima ya tenía 4 años de edad, es decir un par de años después de los hechos que se le atribuyen a Torres, cuando la criatura tenía entre 18 y 24 meses.
Como es habitual en este tipo de procesos penales de instancia privada, la audiencia se realizó a puertas cerradas, es decir, sin la presencia de público ni de periodistas.
Una vez concluido el acto, la presidenta del tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9, oportunidad en la que escuchará los alegatos del fiscal, el querellante y el defensor.
La definición
Si queda tiempo, el mismo lunes se conocerá el veredicto al que arribe la magistrada; caso contrario, la “última palabra” y el dictado de la sentencia pasarán para el martes a las 8.30, porque a las 11 está previsto el comienzo de otro juicio (ver nota aparte).
Cabe recordar que Eugenio Torres, un gastronómico que trabaja en un comedor de la localidad de Colazo, comparece imputado como presunto autor de “abuso sexual con acceso carnal calificado” (castigado con prisión de ocho a 20 años) y “abuso sexual agravado reiterado”.
Pese a que el más grave de los delitos que le atribuyen no es excarcelable, Torres se encuentra en libertad porque el fiscal que instruyó la causa, Félix Martínez (actual vocal de la Cámara del Crimen), sostuvo que no había “peligrosidad procesal” como para que el acusado se fugara o entorpeciera la investigación.