Quiénes son, cómo actúan y cuáles fueron los momentos cruciales que desembocaron en la decisión de la Corte Suprema estadounidense que rechazó analizar la apelación argentina. Este es el primer mojón en el camino de lectura que le proponemos hoy...


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Los fondos buitre son compañías instaladas en paraísos fiscales que tienen muchos abogados y asesores financieros.  Especulan y operan en las economías de países empobrecidos. 

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Antes de la crisis de 2001, Argentina intentó salvar su economía con dos operaciones financieras. Primero, con el Blindaje, Argentina recibió un préstamo ficticio de 40 mil millones de dólares. Tiempo después se aplicó el Megacanje, que intercambió bonos viejos por nuevos. Ambas operatorias fracasaron, el país entró en default y muchos de los que tenían bonos salieron corriendo a venderlos. ¿Quiénes compraron esos bonos? Los fondos buitre, pero a un precio mucho más bajo de su valor. Por eso se los llama bonos basura.

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En 2005, el país mejoraba su economía y se creaban puestos de trabajo. Con esa coyuntura, el Estado argentino decidió reestructurar su deuda para cumplir sus compromisos financieros. Casi el 76% de los deudores aceptaron esa renegociación con una quita de casi el 75% de ganancias. Los fondos buitre que habían comprado bonos no quisieron aceptar. 

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En 2008, el fondo NML perteneciente a Elliot Management y fundado por Paul Singer compró bonos basura por 48,7 millones de dólares. Estos bonos representan el 1% del total de bonos en el mercado, que salieron del Blindaje y del Megacanje de 2001, cuando gobernaba la Alianza a través de Fernando de la Rúa y el ministro de Economía era Domingo Cavallo.

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En 2010, el Estado argentino reestructuró por segunda vez su deuda. Adhirió en este caso un 16% más de tenedores de aquellos bonos. Sumada a la renegociación de 2005, alrededor del 92% de los tenedores de deuda aceptaron el ofrecimiento argentino. Pero los fondos buitre volvieron a rechazar la negociación propuesta por las autoridades argentinas.

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En diciembre de 2011, el fondo buitre NML presentó una denuncia contra la Argentina en la Justicia norteamericana. Quería cobrar el valor total de ganancias. En febrero de 2012, el juez Thomas Griesa falló a favor del fondo buitre y ordenó pagarle el 100%. La República Argentina apeló y un mes después, el Tribunal de Nueva York suspendió la orden de pago del fallo de febrero. En septiembre de 2012, la Corte de Apelaciones (una instancia judicial superior en el país del norte) confirmó la orden de pagarle a NML. Frente a esta nueva situación, Argentina volvió a apelar, pero el martes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó esa apelación, que le pedía que revisara el caso, y ordenó que el Estado argentino cumpla lo que había fallado el magistrado de primera instancia, el mentado juez Griesa.

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El fallo de este magistrado ordena que la República Argentina le pague al fondo NML unos 1.330 millones de dólares. En uno de los intentos de presión, NML quiso quedarse con la Fragata Libertad, cuando en uno de sus viajes ancló en Ghana, en 2012. Después de dos meses de arduas negociaciones e instancias judiciales, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó su liberación, a lo que accedió el Gobierno del país africano, cuya Justicia había actuado a pedido de los buitre.

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Si Argentina le paga al fondo NML, el otro 7% que todavía no reestructuró su deuda podría exigir que también se le pague el 100%. Esto significaría pagar 15 mil millones de dólares. Además, se corre el riesgo de que el 92% que sí aceptó la reestructuración en 2005 y en 2010 pretenda iniciar nuevas demandas contra la Argentina. 

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El 30 de junio Argentina tiene que pagar en Estados Unidos 225 millones de dólares a los bonistas que sí entraron al canje, como parte del plan de pagos. Por el fallo de la Corte de Estados Unidos, estos pagos podrían ser embargados. Esto ubicaría a la Argentina en “default técnico”, porque la suma girada no alcanzaría para pagar a todos los acreedores.   

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En este tiempo Argentina recibió apoyos de todo el mundo en contra de los fondos buitre. El G77 + China, el Gobierno francés, el Gobierno brasileño, el Gobierno mexicano, el Gobierno uruguayo, el Mercosur, la Unasur, el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, el Fondo Monetario Internacional y la Red Católica Jubileo de Estados Unidos, son algunos de los que respaldaron la posición del Estado argentino. También se mostraron a favor del país las organizaciones europeas Exchange Bondholder Group, Fintech y los denominados Euro Bondholders. Estos países y organismos internacionales sostienen que los especuladores financieros no crean puestos de trabajo, sino que condenan al país a empobrecerlo.