Desde el jueves de la semana pasada, los internos de la Penitenciaría Nº 5 de Villa María tienen una posibilidad más de capacitarse y formarse en un oficio.
Ayer, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se firmó el convenio de reciprocidad entre la Municipalidad de Villa María, el Servicio Penitenciario Nº 5, el Centro de Enseñanza Primaria para Adultos (CENPA) que funciona en el establecimiento penitenciario y dos emprendedoras del departamento de Economía Social y Solidaria del municipio que están a cargo de los cursos que iniciaron la semana pasada.
Alicia Sarmiento, a cargo del taller de artesanía, y Graciela Martínez, que se encarga de capacitar sobre adornos en papel para bandejas, entre otras, son las emprendedoras a cargo del dictado de los talleres en forma alternada un jueves cada una. Al primer día del dictado asistieron 15 presos.
Los cursos se dictarán hasta noviembre y a fin de año se organizaría una exhibición para que los internos puedan mostrar todo lo realizado.
Norma Alloco, docente del CENPA, expresó su agradecimiento al municipio por la rúbrica de este convenio y aseguró que era algo que se estaba intentando concretar hace un año.
“Desde la escuela estamos sumamente agradecidos de poder vincularnos con instituciones que nos brinden talleres para los alumnos porque nuestra finalidad es que terminen la escolaridad primaria, que continúen con la secundaria y que puedan seguir formándose”, sostuvo Alloco, quien aseguró que “los alumnos están sumamente contentos por esta posibilidad”.
La docente confió, además, que la matrícula de alumnos para la escuela primaria es de 100 personas, “pero son entre 50 y 60 los que asisten regularmente”.
“Para nosotros es una satisfacción poder dictar estos cursos en la penitenciaría”, remarcó la coordinadora del departamento de Economía Social, Virginia Martí.
Una herramienta más de reinserción
Verónica Navarro, de la secretaría de Economía, destacó que este tipo de cursos permiten, mediante la formación en oficios, “estimular a los internos para que se interesen en otras cuestiones y tengan más herramientas para reinsertarse en la sociedad” y que, de esta manera, “estamos atendiendo y mirando a grupos muy vulnerables que estamos tratando de acompañar”.
Además, detalló que este tipo de iniciativas “se encarna en las políticas que el municipio lleva adelante, ya sea a través de la Secretaría de Desarrollos Humanos, de la Secretaría de Economía y, sobre todo, del área de Economía Social”.
La reinserción de los privados de la libertad fue uno de los puntos que más se habló durante la conferencia. El secretario de Derechos Humanos, Carlos De Falco, opinó al respecto que “la problemática más importante del privado de la libertad es cuando la recupera, es poder recuperarse como persona y tener una vida digna y poder tener un canal de vida que no pase por el delito”.
En ese sentido, Navarro considera que “el ‘estuve preso’ ya es una barrera sumamente difícil de derribar y de poder incluir, por eso todas estas cosas que podamos hacer durante su privación de libertad para que les facilitemos después su salida y que puedan tener una expectativa de incluirse en un trabajo o de emprender por sí solos algo”.
“Esto los ayuda a conectarse con el mundo exterior, a darles una posibilidad cuando salen. Si no les damos una alternativa, estamos acorralando a la gente y haciendo que vuelvan a lo mismo, por eso es tan importante esto”, comentó De Falco.
Para el inspector de escuelas de adultos, Sergio Cornatosky, la importancia de esta propuesta radica en “el esfuerzo que hacen el municipio y las docentes para que se garantice el derecho a la educación” dentro de la penitenciaría.
Ponderó, también, que “el proyecto institucional de vinculación con instituciones que garanticen un nivel de desarrollo de emprendimientos permita a esas personas romper con el círculo vicioso social y educativo que lo llevó a la cárcel”.
“Los argentinos estamos transitando una década creciente en cuanto a derechos en términos sociales y de integración. En ese marco debe verse la educación en contexto de encierro, como una posibilidad concreta de para aquellos ciudadanos más desfavorecidos, pobres económica y culturalmente”, dijo Cornatosky.
Por último, Alloco, en representación del CENPA, consideró que “estaría bueno” que las empresas de la ciudad abrieran sus puertas “teniendo un porcentaje mínimo de empleados que sea de gente que sale de la cárcel y necesita trabajar”.
