Los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de Rosario (Santa Fe) visitaron ayer a los cinco detenidos de Corral de Bustos-Ifflinger que continúan alojados en la Unidad Nº 5 del Servicio Penitenciario de la Provincia, la cárcel de Villa María, por participar de una pueblada reclamando justicia el 4 de diciembre de 2006.

Florencia Delnegro, presidenta de APDH Rosario; Sebastián Sancevich (abogado miembro de APDH y excandidato a diputado por el Frente de Izquierda (de Izquierda Socialista), y Roberto Ramírez (APDH) junto a Oscar Mengarelli (Central de Trabajadores de la Argentina -CTA-) y Jesús Chirino (Unión de Trabajadores de Estados Municipales -UTEM-) se reunieron con “los presos políticos (cinco de los siete condenados, ya que dos ya cumplieron sentencia) para insistir por su liberación y para que accedan a beneficios procesales como las salidas laborales o el acercamiento laboral”, expresaron en primera instancia. De todas maneras, admitieron que “la Justicia acusa morosidad por todos lados, ya que ni siquiera contesta los hábeas corpus”.

Los visitantes encontraron “bastante bien a los compañeros, enteros, porque no ceden a convertirse en delincuentes; por ellos y porque la sociedad así lo entiende. Porque es una sociedad (la corralense y parte de la provincia) que no encuentra respuesta a por qué se levantó todo el pueblo” aquel día, dijeron en referencia a Víctor Barbero (abogado) y Néstor Pasquini (periodista y dueño de FM Show de Corral de Bustos), sentenciados a siete años de prisión por “instigadores” del incendio del edificio de Tribunales; Rubén Omar Astudillo (maestro confitero); Juan José Guayanes (repartidor de bebidas), con penas de cinco años como coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio; y Juan Marcelo Farías (jornalero), condenado como “responsable del delito de incendio”, con otros cinco años de prisión efectiva.

“Estamos llevando adelante una campaña por éstos y los más de cinco mil presos políticos que hay en el país”, indicaron, tarea a la que “se suman cada día más gremios, organizaciones y partidos políticos”. Asumieron que “presos políticos hubo, hay y habrá, lamentablemente siempre, mientras haya desigualdad. De hecho, están detenidos seis compañeros de Malvinas Argentinas (por cuestionar el desembarco de Monsanto), los del acampe frente a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)... Todos son presos por destapar o develar a quienes encubren maniobras políticas fraudulentas. Estos son detenidos que se atrevieron a cuestionar al Poder Judicial que amparaba mucho, evidentemente”.

“Los presos son políticos porque fueron seleccionados para hacerse cargo de un hecho. No fueron acusados a partir de pruebas ni testimonios, sino por la propia Justicia que encubre”, coincidieron.

 

Evidente

 

“Con el paso de los años, tras lo sucedido, fueron apareciendo señales muy claras a lo denunciado en 2006, como es la complicidad de la Policía. De hecho, la denuncia de los manifestantes de Corral de Bustos involucraba al fiscal (provincial de Alta Gracia) Emilio Drazile. Y esas cosas para la comunidad ya están claras”, sentenció Mengarelli. 

En el mismo sentido, Delnegro comparó los cambios de cúpulas policiales en Rosario y la creación de divisiones especiales para controlar que terminaron en complicidad con las organizaciones delictivas y cuestionó el arribo de Gendarmería Nacional “a una ciudad donde no hay trabajo ni educación ni contención para los pibes. El problema es estructural. Por eso queremos debatir el concepto de seguridad”, plantearon. Así, sostuvieron: “El chico crece sin que el Estado intervenga hasta que lo mete preso, lo criminaliza. Criminaliza la pobreza”.

Además, marcaron que “todo lo que se hace son acciones de marketing con despilfarro de recursos del Estado, como cuando se arresta a soldaditos y no a los narcos”. “Se trabaja y se crean organismos para hacerlo de manera integral, pero la plata de la droga sigue circulando y se blanquea en departamentos, por ejemplo”, agregaron.

 Por último, indicaron que “esto no debe terminar con la liberación de los presos, porque el pueblo confió y se merece un acto de reparación. Que no pase como con los presos de Bursacco, a quienes 30 años después se les pidió perdón”.

 

Franco Gazzoli