La calle es un espacio público, es decir, propiedad de la comunidad toda y está destinada para los usos que la misma dispone. Los más habituales son la circulación y el estacionamiento de vehículos, aunque en algunas oportunidades, la comunidad realiza otras actividades en las arterias viales, como festejos, protestas, desfiles, etcétera.
Como son públicas y de libre acceso -salvo que sean internas a predios privados o dependencias estatales con normas especiales-, todos los ciudadanos pueden utilizarlas respetando las normas vigentes. Pero existen circunstancias en que su utilización se restringe usando diferentes mecanismos, como cuando se cobra para su utilización. Este es el caso del estacionamiento pago, que deviene en medido como manera útil para calcular el tiempo durante el cual el ciudadano ocupó el espacio.
Cuando se cobra el estacionamiento, se lo hace para incentivar u obligar a los ciudadanos a que liberen lo más rápido posible los lugares dedicados a eso y así permitir que esos espacios puedan ser utilizados por otros ciudadanos. Si bien esto podría hacerse sin cobrar poniendo límite al lapso de tiempo por el cual se puede estacionar en una zona determinada, es habitual que se cobre (por lo menos para pagar el funcionamiento del sistema). En los años 80 en Villa María se implementó un sistema de este tipo.
20 cuadras,
35 trabajadores
A poco de andar el Gobierno democrático que asumió en diciembre de 1983, comenzó a evaluarse la posibilidad de establecer el estacionamiento medido y pago en la zona más comercial de la ciudad. El 4 de agosto de 1984, EL DIARIO publicó que desde la administración municipal se convocaba a una reunión de consulta, “a fin de analizar la implementación de la ordenanza de estacionamiento medido en el sector céntrico de la ciudad”.
El anuncio había sido realizado por Héctor Massel, entonces secretario de Gobierno del municipio, y se preveía la participación del Centro Comercial e Industrial, organización a la que se consideraba “ente representativo de las fuerzas vivas”.
Alejandro Surghi, entonces director de Tránsito, sostenía que “habrá que tomar alguna medida porque en el radio céntrico ya no queda espacio para el estacionamiento”. En la mencionada reunión, en la que estaba prevista la participación de los nombrados funcionarios del director de Transporte, Juan Pesce, y de la jueza de Faltas, María Teresa Fiol, se trataría de evaluar la posibilidad de poner en práctica una ordenanza dictada en tiempo del Gobierno dictatorial que delimitaba una zona comprendida entre las calles Alem-Yrigoyen, Lisandro de La Torre-25 de Mayo, San Juan y Mendoza. Un total de 21 manzanas de la zona comercial, en las cuales existían 11 bancos.
Por entonces, los cálculos oficiales señalaban que esas calles eran ocupadas durante el horario comercial por 600 automóviles. Desde la administración local se dejó en claro que la medida perseguía el ordenamiento del tránsito y que la misma no tendría implicancias presupuestarias para el municipio.
En la reunión con los empresarios se planteó que el precio previsto para el estacionamiento era de tres pesos por hora y que “la venta de las obleas estaría a cargo de unas 35 personas, que tendrían la exclusividad para la compra de los talonarios municipales, a mitad de precio”. En esto último aparecía el costado social del proyecto, que preveía ser fuente de ingresos para un importante número de familias villamarienses, más de una por cuadra habilitada para el sistema a implementarse. Algo bastante lógico, si se entiende que en realidad los espacios para estacionar son de propiedad pública y que el cobro por su uso no perseguía otro objetivo que no fuera “ordenar el tránsito”.
Implementación
Pero la idea encontró resistencias y no pudo ser implementada rápidamente; recién en enero de 1986 se anunció que antes de iniciarse la segunda quincena de febrero, se aplicaría el estacionamiento, incluso se entregaron modelos de tarjeta que al otro día fueron publicados por los medios de prensa locales.
Para entonces el proyecto había sufrido algunas modificaciones. Se preveía que los comercios que vendieran las tarjetas se quedarían con el 20% del precio de las mismas, que, a su vez, sería menor al pensado en 1984. Pero el estacionamiento medido y pago tampoco pudo ser aplicado aquel febrero y tiempo después, en abril, se anunció que el sistema comenzaría a funcionar el 19 de mayo.
Primero se realizó una campaña de difusión con volantes y anuncios en la prensa. El día previsto, EL DIARIO en su tapa tituló “El estacionamiento medido rige desde hoy en Villa María”. Cubría 20 cuadras y el valor era de 0,10 australes cada dos horas. Héctor Massel declaró a la prensa que era “un mecanismo de regulación y control del tránsito que se aplica luego de varios años de estudio y tras la decisión que asumió el Gobierno radical del intendente Ramón Horacio Cabezas”. EL DIARIO aclaraba que era un proyecto del cual ya se había hablado en el año 1979 y que “cobró impulso con esta administración, que luego de efectuar los consiguientes estudios y consultas con los distintos sectores interesados -entre ellos los comerciantes que marcaron su disconformidad-, decidió ponerlo en marcha, contando para ello con la aprobación de la ordenanza elaborada por el anterior Gobierno por parte del Concejo Deliberante”. Pocos días antes de poner en vigencia el sistema, el municipio había reglamentado y señalado los estacionamientos especiales para carga y descarga en los primeros metros de las cuadras en los cuales también se cobraría para estacionar.
Según datos que el municipio entregó a los medios, el primer día de funcionamiento se cobraron 7.100 tarjetas de estacionamiento y el tránsito había presentado mejoras. El sistema funcionó por un tiempo; había resistencia al mismo.
Fuimos varios, muchos jóvenes, que en distintos momentos pudimos trabajar comprando los talonarios de tarjetas de estacionamiento en el municipio, a mitad de precio (ganábamos el 50% del valor del estacionamiento). Todos los días nos tocaba una cuadra distinta, dado que algunas eran mucho más ocupadas que otras. La rotación era una manera solidaria para que todos tuviéramos la posibilidad de obtener ingresos similares. Por su parte, el municipio, con sus inspectores, controlaba que se respetara el pago. No eran pocos los automovilistas que nos daban propinas porque no sólo les cobrábamos, sino que les cuidábamos el auto. Luego de que aquel sistema dejara de funcionar, aparecieron otros, pero sus historias fueron diferentes.