Todos los asistentes a la reunión gremial de Mar Gut Bar terminaron en la sede policial imputados por el delito de “Desobediencia a la autoridad” y “Resistencia a la autoridad”, previsto en el Código Penal, mientras que el Tribunal de Disciplina de la fuerza evaluaba anoche aplicarle la ley antimotín, recientemente aprobada por la Legislatura cordobesa.

Al mediodía de ayer fueron trasladados a la dependencia de la calle General Paz 10 efectivos que están en actividad en Villa María y la zona, y 18 uniformados más, entre los que se encuentra los de la cúpula del gremio denominado Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina, filial Córdoba (UPAC). También un joven fotógrafo que fue convocado para retratar las imágenes del encuentro del sindicato.

Pasadas las 22.30, el fiscal Gustavo Atienza dispuso la liberación de 26 de los 29 imputados. Para que pudieran regresar a sus casas, los que estaban en actividad debieron entregar no sólo el arma reglamentaria, sino todas las identificaciones, como cargador, cartucho y placa. 

Los que quedaron detenidos fueron René Zabala, secretario general de UPAC; más María José Ceballos y Claudio Ricardo Cisneros, también dirigentes del sindicato. Ellos también fueron imputados de “Privación ilegítima de la libertad” y quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría de la calle General Paz.

 

Mediodía 

Cabe señalar que los que participaban en la reunión convocada para la media mañana de ayer en el bar de la esquina de San Juan y Chile no estaban de servicio ni uniformados. 

Para llevarlos desde el bar a la Comisaría, algunas versiones indican que los agentes “los invitaron” a una reunión con la jefatura. Lo cierto es que no se los llevaron esposados. Recién al llegar a la sede policial les indicaron que estaban demorados y a disposición de lo que resolviera el fiscal.

Si bien el traslado fue “amable”, el operativo que se montó desde el mediodía, una vez que estuvieron en la Comisaría los detenidos, fue impresionante. Cortaron la calle General Paz, por la que no podían transitar ni vehículos ni peatones. Paralelamente, llegaban escuadrones del ETER y móviles de la Infantería y un colectivo de la fuerza estaba listo al frente de la Comisaría ante un eventual traslado masivo.

Tal fue la magnitud del procedimiento que en las primeras horas de la tarde llegó a Villa María el ministro de Seguridad de la Provincia, Walter Saieg, acompañado por el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, junto a toda la cúpula. También estuvieron los integrantes del Tribunal de Disciplina. Ninguno habló con la prensa.

Mientras tanto, algunos familiares comenzaron a acercarse para conocer cuál iba a ser el destino de los policías detenidos.

 

Atardecer

Por la tarde, los abogados Gustavo Martín Silvano y Eduardo “Tati” Rodríguez presentaron un recurso de “recupero de libertad”.

“El fiscal no necesita esperar la indagatoria, sino que puede, si lo considera, imputarlos y citarlos después, dado que se puede demostrar que no van a entorpecer el procedimiento judicial”, indicaron los dos letrados penalistas.

Sobre el otro proceso que se les podría iniciar a los agentes dijeron que a su criterio “es inaplicable la Ley Antimotín, porque no estaban uniformados, no fue en un destacamento, sino que organizaron una reunión a plena luz del día, fuera de las horas de trabajo y en un ámbito céntrico”, destacaron.

Minutos más tarde llegó desde Córdoba capital la abogada del gremio de los policías, Cecilia Pérez Correa, quien no dudó en afirmar que “esto es una represalia del Gobierno de Córdoba contra una sentencia judicial que habilita a las fuerzas de seguridad a conformar un sindicato”.

“Si no que expliquen cómo tienen este operativo con el ETER e Infantería, cuando todavía el fiscal no se expidió”, dijo.

Adelantó que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la CTA Nacional (donde está enrolado el gremio de los policías) iba a presentar una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque entiende que la privación de la libertad de los integrantes del gremio “atenta contra el derecho constitucional de reunirse en una organización lícita como es un sindicato”. También redactó, después de entrevistarse con los detenidos, el pedido de liberación.