Por decisión del Ejecutivo y con el aval del Concejo Deliberante, la ciudad de Villa María adhirió al programa del INADI (el instituto contra la discriminación, el racismo y la xenofobia) para convertirse en una de las 132 “Ciudades libres de discriminación”.
El programa establece un compromiso de varios puntos entre los que se encuentra el de “erradicar las prácticas discriminatorias de la Administración pública local sustentadas en pretextos de salud, género, edad, origen étnico-nacional, orientación sexual, discapacidad y/o razones político-ideológicas”.
Es llamativo que después de casi un mes de que el INADI emitiera un dictamen afirmando que claramente el funcionario municipal Henry Rapetti tuvo una conducta discriminatoria, las autoridades del Ejecutivo siguen negando la validez del informe. La contradicción entre declararse “ciudad libre de discriminación” y desconocer el dictamen del INADI salta a la vista, máxime cuando las autoridades provinciales de ese instituto indicaron que se trata de un informe de la entidad y no de la opinión de un perito, como repiten los funcionarios consultados.
El caso que motivó el polémico dictamen se originó a raíz de la denuncia de María Celeste Combina, una profesional del turismo que trabajaba en esa área dentro de la Municipalidad.
Su entonces superior, Henry Rapetti, le dijo, según la investigación del INADI, expresiones discriminatorias aludiendo a su condición de obesa. Combina iniciará ahora acciones judiciales contra el funcionario.
Volviendo al acuerdo que firmó la Municipalidad para ser parte del programa de ciudades libres de discriminación, asumieron el compromiso de “crear y/o fortalecer la legislación municipal y la normativa local en materia de lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, erradicando todas las normas inconstitucionales o que impliquen discriminación negativa, segregación o jerarquización de las diferencias entre las personas” y el de “promover la integración física y social de grupos vulnerados en sus derechos repensando los espacios públicos de las ciudades y su ordenamiento del tiempo y del tránsito a la medida de todos sus habitantes”.
Finalmente, acordaron “combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo a través de la educación formal en el ámbito de sus competencias y/o mediante acciones educativas no formales e informales”.