La abogada Cecilia Pérez Correa, representante de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina, filial Córdoba (UPAC), se mostró muy disconforme con el accionar de la Fiscalía a cargo de Gustavo Atienza en la causa de los policías detenidos el último sábado en Villa María.

En primer lugar, afirmó que “la dependencia judicial no colabora en nada. El sábado afirmaron que habían pedido los antecedentes de los detenidos, pero eso no era cierto. Esa era una herramienta necesaria para después poder ordenar la libertad”.

“Recién hoy (por ayer) a la tarde se solicitaron esos antecedentes, luego de que nosotros presentáramos un escrito solicitándolos. Esa no es la manera de proceder. La libertad es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, entonces no puede ser que la Fiscalía la solicite cuando le quede cómodo”, disparó.

Al mismo tiempo se lamentó porque “ahora empiezan con el ‘jueguito’ de quien tiene el sumario. Que si lo tiene la Policía o que lo posee el fiscal y entonces eso impide que uno pueda tener acceso a la causa”. 

“Es increíble que una mujer con su bebé de tres meses haya estado detenida y ningún juez intervino al respecto. La señora estuvo con su hijo ahí hasta que yo fui y le dije a la ayudante del fiscal que ese niño debía ser amamantado. Eso es una vergüenza, tuvieron detenido a un bebé”, también manifestó muy molesta.

Para continuar, Pérez Correa analizó que “lo sucedido el sábado superó todos los límites de la legalidad. Esta no es una cuestión de opinión ni de procedimiento, han violado la Constitución y los tratados internacionales, no se han privado de nada”.

“A todos los detenidos les han sacado sus celulares como si fueran terroristas, pero no hay ningún acta de secuestro. Así como ésa, la causa está plagada de irregularidades”, comentó.

Finalmente, la letrada recordó que “hubo tres casos anteriores donde tres personas de la fuerza de seguridad provincial fueron sancionados, dos con el despido y el restante con situación pasiva, y esas sanciones se han revertido. A eso la Justicia laboral, que tiene como base tratados internacionales, lo tiene absolutamente claro”.

“El gobernador dijo que va a exonerar a los imputados. La exoneración es un castigo, no es solamente que el efectivo no va a trabajar más, sino que es algo deshonroso para el trabajador. Parece que De la Sota y la plana de la Policía no están enterados de todo esto”, concluyó.