El jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, aseguró ayer que “los patoteros y barrabravas no tienen cabida en la fuerza”, al tiempo que calificó como “muy graves” los hechos que protagonizaron el sábado pasado 28 agentes policiales que discutían sobre la conformación de un gremio policial en una reunión desarrollada en territorio villamariense.
"No parecían policías los que estaban allí. Pretendemos una Policía honorable. Los patoteros y barrabravas no pueden ser policías. Si algún día habrá o no un gremio, no lo sé. Pero si lo hay, que esté conformado por gente honrada", manifestó Suárez.
Tras considerar como "muy graves y que expresan una pérdida total de respeto" los hechos sucedidos el sábado en Villa María, el comisario explicó que, cuando llegó al lugar, "el jefe Departamental fue manoteado de arriba a abajo e insultado por estas personas".
"No vamos a permitir esto de ninguna manera ni que cometan estos actos agraviantes contra nadie", subrayó Suárez, en alusión a los hechos en virtud de los cuales el fiscal de Instrucción, Gustavo Atienza, ordenó la imputación de los 28 policías, por supuesta "desobediencia a la autoridad".
El fiscal aplicó la Ley 10.187, sancionada tras el autoacuartelamiento policial de diciembre pasado, que prevé la expulsión de la Policía o del sistema penitenciario de los efectivos que "promuevan conductas de insubordinación".
Cabe recordar que los efectivos fueron detenidos el sábado al mediodía cuando, en los altos del Bar “Mar Gut”, se disponían a participar de una reunión junto a representantes de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina (UPPAC), filial Córdoba.
El artículo 3 de la Ley 10.187 prevé que quienes incurrieran en insubordinación, abandono de servicio y reclamo hostil -entre otras conductas- serán considerados incursos en "falta gravísima, no siendo necesario sumario previo".
La misma norma estipula que "el personal involucrado quedará suspendido de inmediato, pasando a revistar en situación pasiva, e intimado a formular descargo en el término de 24 horas, vencido el cual el Poder Ejecutivo -mediante resolución fundada- podrá disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución".
Los 28 efectivos fueron trasladados a la sede de la Departamental San Martín y, ese mismo sábado, 25 de ellos fueron puestos en libertad, mientras que tres siguen detenidos porque se les atribuye además el delito de "privación ilegítima de la libertad".
El acuartelamiento concretado por la Policía entre el 3 y el 4 de diciembre del año pasado generó que, durante esos días, hubiera robos y saqueos, que afectaron a más de mil comercios en la capital cordobesa, aprovechando la falta de seguridad.
Ordenes y advertencias
Vale destacar que en nuestra edición de ayer, dimos cuenta que el subjefe de la Policía de Córdoba, Héctor Laguía, reunió anteanoche a todos los uniformados pertenecientes a la Departamental para explicarles que “la Policía de Córdoba no tiene gremio” y además enfatizar como advertencia que“el que no lo entienda, que se busque otro trabajo”.
Según pudo confirmar este medio, Laguía tuvo un diálogo fluido con sus subordinados y les pidió que “vean el trabajo que está haciendo” el Gobierno provincial, con “la renovación de vehículos y la compra de uniformes”.
Sin libertad
Previo al presuroso arribo de Laguía a la ciudad, la abogada de UPPAC, Cecilia Pérez Correa, comentó a EL DIARIO que “hemos hecho una presentación reiterando el pedido de recupero de libertad de los tres efectivos que todavía permanecen detenidos, teniendo en cuenta que no se cumplió con la formalidad de enorme trascendencia como lo es el pedido de antecedentes ni bien estas personas fueron detenidas. Esos antecedentes recién han sido solicitados en el día de hoy (por anteayer)”.
En otro tramo del diálogo que la letrada mantuvo con este matutino explicó que “se han hecho presentaciones, no descargos, ante el Tribunal de Conducta Policial, que pasó a todos los trabajadores que estaban en actividad a pasivos y a su vez los ha notificado para que en 24 horas se pronunciaran con respecto a los hechos de ese día”.
“Por supuesto que nosotros desconocemos la competencia de ese tribunal para entender en cuestiones sindicales”, aclaró para concluir.
