El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, dispuso ayer la cesantía de los efectivos policiales en activo que pretendían sindicalizarse y sancionó a los retirados que estuvieron involucrados en los hechos ocurridos en esta ciudad. 

En total son 23 los afectados por la medida dispuesta por el Ejecutivo provincial. Se trata de 11 uniformados activos; 11 retirados y uno dependiente retirado del Servicio Penitenciario.

El Gobierno provincial emitió un comunicado donde informa que De la Sota, “en ejercicio de las facultades que otorga la Ley N° 10.187 (Ley Antimotines), dispuso la cesantía y separación de la Fuerza, de personal de la Policía de Córdoba y del Servicio Penitenciario retirado y en actividad que el pasado sábado 28 de junio, en la ciudad de Villa María, incurrió en conductas de insubordinación e indisciplina, con la consecuente afectación del prestigio de la institución, tipificadas en la mencionada normativa”, dice la información oficial.

El parte gubernamental detalla que “el decreto del Poder Ejecutivo expresa que las personas involucradas, en el marco de un acto de carácter gremial o sindical no autorizado para el personal policial y expresamente prohibido para el personal penitenciario, participaron de una posterior situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar.

Tales inconductas son consideradas una falta gravísima, ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza y al régimen jurídico y disciplinario a los que se encuentran sometidos, afectando el buen nombre y prestigio de la Institución Policial y Penitenciaria.

Por tal motivo, es decisión del Poder Ejecutivo disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución del personal que participó de estos actos de indisciplina.

El personal retirado que participó de estos hechos dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales adquiridos”, concluye el documento.