“Creo que se utilizó un hecho inofensivo para la fuerza policial para transformarlo en algo extremadamente grave que, en realidad, no ocurrió y con esto tratar de dar una medida ejemplificadora tratando de abortar la posibilidad de gremio a un sindicato policial”.
De esta forma considera el abogado Eduardo Rodríguez que fueron tomados los hechos ocurridos el último sábado, en donde una reunión de policías en un bar céntrico terminó con la cesantía de 23 efectivos el jueves último por un decreto del gobernador De la Sota.
Rodríguez, que junto a Marcelo Martín Silvano representan la defensa del grupo de policías en cuestión, explicó que tras la decisión del Gobernador, “la situación administrativa se cerró, y sólo queda la vía judicial, que es la contencioso administrativa, para que los cesanteados puedan revocar ese decreto”.
Así, fue claro al asegurar que, “la Justicia la única que hoy puede reintegrarlos a su función policial”, por lo que adelantó que “estaremos pidiendo fecha de audiencia para la indagatoria cuanto antes porque consideramos que el delito de desobediencia a la autoridad no ha existido”. Los tiempos se acotan, además, por el inicio de la Feria Judicial.
Más allá de que desde el Tribunal de Conducta Policial confirmaron que los descargos realizados por cada uno de los involucrados fueron atendidos, el abogado considera que “se han sobredimensionado algunos hechos” y que “no les ha permitido a los policías dar su versión, más allá del descargo”. En ese sentido, dijo que “no ha tenido la posibilidad de acreditar lo que cada uno dijo en su descargo y por ahí va a pasar la cuestión”, haciendo referencia a la defensa de los mismos ante la Justicia.
Consideró importante también tener en cuenta que “reuniones como esta ya se habían hecho en otros departamentos y nunca había pasado nada”, y que buscar y acreditar este tipo de antecedente “va a ser lo que les va a salvar su vida como policía”. “Están tan afectados espiritualmente y tan susceptible el ambiente que no se han puesto a buscar estos elementos, y ahora lo van a tener que hacer”, explicó.

“No se violó la Ley Antimotines”

“Creo que la ley no se violó”, opinó Rodríguez y hasta explicó que “tiene una porción de su texto que, desde mi punto de vista, es anticonstitucional”: “Le permite al gobernador, sin sumario previo, disponer la cesantía o baja del personal policíal, cuando la garantía de un debido proceso y la defensa al juicio vienen de la Constitución Nacional y se tiene que aplicar en cualquier proceso, ya sea judicial o administrativo”.
Por otra parte, el abogado también refirió su opinión acerca del fallo judicial que el grupo de policías dice tener en el que la Justicia les da el visto bueno para la formación sindical. “Así como creo que se transformó un acto inofensivo en una especie de rebelión policial, yo creo que ese fallo judicial del que todos hablan que le habría dado legitimidad a la actuación gremial de algunos policías también se sobredimensiona”, admitió.
“Ni fue tan malo lo que pasó en Villa María con la reunión, ni tampoco significa que la Justicia les haya reconocido a la Policía la posibilidad de agremiarse; un fallo en particular no significa legitimar la creación de un gremio o una entidad sindical, pero por ahí puede ser el puntapié inicial”, examinó.