Tras conocerse la decisión del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, de cesantear a 23 efectivos policiales que pretendían sindicalizarse, el presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Martín Berrotarán, aseguró que “esto podría haberse evitado”, si los efectivos “reaccionaban de otra forma”.
“A esta decisión no se llegó por la reunión en sí, porque no era la primera y ya se habían mantenido en otros lugares, sino que esto se desató por lo que ocurrió después”, explicó el funcionario, quien consideró que no se hubiera llegado a la medida extrema si no reaccionaban como lo hicieron ante la llegada de algunas autoridades: “Cuando llegó el comisario lo rodearon y le zamarrearon el auto, luego lo empezaron a insultar, lo mismo cuando llegó el jefe de la Departamental y el subcomisario, a quienes no les permitían ingresar al bar”.
En ese sentido, sobre el motivo de la presencia de estas autoridades en la reunión, consideró que “sólo querían estar al tanto de lo que estaba pasando”.
Berrotarán aclaró que la decisión del tribunal “es materia de aplicación, pero no hemos resuelto en este caso”, ya que intervinieron directamente la Fiscalía de Villa María y la resolución la dictó el Gobierno de la provincia, por lo que, definió, “hemos quedado al medio de todo”.
“Asesoría Legal nos mandó la comunicación sobre cómo ocurrieron los hechos y nos dijeron la valoración que ellos hacían, en donde a su criterio se estaba violando la Ley Antimotín”, describió sobre el orden de cómo se llegó a la decisión.
Posteriormente, “con esa información, que nos había llegado desde la Departamental, intimamos a todo el personal sindicado para que en el término de 24 horas formulen su descargo como derecho a defensa”.
Según el funcionario, se presentaron todos los descargos, salvo uno que no fue hecho en término. “Los descargos se remitieron a Fiscalía de Estado y ellos son quienes los valoraron”, comentó, y mencionó que tras la resolución de la Gobernación, “sólo nos mandaron una copia en la que se asentaba que se habían analizado todos los descargos y cuál era la decisión”.
Sobre la posibilidad de que los efectivos puedan ser restituidos, el presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario explicó que “la Ley Antimotin establece un sumarísimo muy rápido, que no es el procedimiento normal que tenemos en el tribunal, por lo que se les agotó la vía administrativa”, de todas formas, mencionó que “si se les abre la vía judicial, y por esa vía puede ser posible que el día de mañana la Justicia diga que haya que reincorporarlos”.