La primera vez que nuestro país enfrentó una deuda externa se remonta al año 1822, durante la gestión de Bernandino Rivadavia. La historia nos muestra que los gobiernos que se han sucedido van gestando deudas que ponen en peligro nuestra estabilidad económica y financiera.
La deuda externa argentina que está ahora en primera plana es un fenómeno que nació en la década de los 70. El mundo vivía la era de los petrodólares. Los bancos internacionales ofrecían créditos con tasas bajísimas. Los gobernantes de turno ven allí una oportunidad para obtener préstamos. Comienza el gran endeudamiento del Estado argentino, ya que las empresas privadas también son alentadas a tomar créditos internacionales.
A partir de 1980 hay un viraje en la economía mundial. El crédito se vuelve escaso y caro. Pero nuestro país sigue aumentando su deuda, urgido por desequilibrios fiscales y comerciales.
En 1992 se presentó una reestructuración conocida como el Plan Brady: estrategia mediante la cual los países en desarrollo que mantenían deudas con bancos realizaban una serie de operaciones de reducción de la deuda, efectuadas voluntariamente en condiciones de mercado. Este plan permitió un nuevo ciclo de endeudamiento que desembocó en otro proceso de reestructuración denominado megacanje: operación financiera por la que se reprogramaron vencimientos con alzas en las tasas de hasta siete puntos porcentuales por año y pago de fuertes comisiones a los bancos y entidades intermediarias.
En el año 2000-2001 la deuda cercana a los 145 mil millones de dólares llevó a la Argentina a declarar el cese de pagos o default. Ante esta situación se llevó adelante una reestructuración de la deuda, por la que se canjeaban los títulos o bonos de la deuda vigente por otros nuevos títulos, con una quita importante de capital (monto adeudado) y la condonación de intereses. Para generar mayor confianza en los nuevos títulos, fomentando que los bonistas accedan al canje y considerando que una gran parte de los tenedores de bonos eran extranjeros, los nuevos bonos no se emitirían bajo la ley argentina, sino bajo la de un tercer país: Estados Unidos.
Ahora bien, luego del cese de pagos de Argentina y ante las dificultades por las que transitaba la economía del país y la incertidumbre respecto de su plazo de recuperación, muchos de los poseedores de bonos de la deuda original quisieron desprenderse de ellos (venderlos), pues veían un alto riesgo de no poder recuperar nada de lo invertido; es por esto que su valor de mercado cayó a un 20% o 30% de su valor original (nominal). Curiosamente, durante y después de las operaciones de canje de deuda hubo ciertos interesados en estos títulos que el mercado consideraba de “alto riesgo”; eran fondos de inversión privados que compraban estos títulos a muy bajo precio, especulando poder reclamar su valor a futuro, amparándose en la aplicación de las leyes norteamericanas. Eran los fondos “buitre” (denominados holdouts y representados por NML Capital y Aurelius Capital Management), que consiguieron hacerse con alrededor de un 7% del total de la deuda argentina de entonces y quienes obviamente rechazaron las reestructuraciones de deuda de los años 2005 y 2010 (emisión de nuevos bonos) que sí aceptaron todos los demás acreedores, dueños del 93% de la deuda restante.
Honrar la deuda
Luego de las reestructuraciones, Argentina honró su nueva deuda pagando estrictamente los nuevos vencimientos desde 2005 a la fecha, dejando de lado el 7% de los bonos que no entraron al canje en poder de los buitres. Estos comenzaron a reclamar por sus derechos en los tribunales norteamericanos ya desde 2009; Argentina respondió reabriéndoles la posibilidad de entrar al canje de deuda, cosa que reiteradamente rechazaron...
Y desde aquí retomaremos en nuestra edición de mañana.
* Abogada especialista en Derecho Internacional y Comercio Exterior
(mercedespalazzi@ gmail.com)
