Ante el anuncio del ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Francisco Fortuna, del proyecto de reconstrucción del hospital Emilio Vidal Abal, desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos -como organismo independiente- se ha manifestado la preocupación por tratarse de “una iniciativa que no se ajusta a las leyes de salud mental (Ley Nacional 2.665 y Ley Provincial 9.848)”.
El comunicado alusivo señala que “la Ley 26.657 establece que las instituciones de internación monovalentes ya existentes deben sustituirse definitivamente por dispositivos alternativos, especificando en su decreto reglamentario (603/13) que la autoridad de aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020…”.
“Plazo este último coincidente con el lema instaurado en el Consenso de Panamá; por un 2010 sin manicomios. En este marco, y como otra de sus aristas, las normativas señaladas prohíben la apertura de nuevos manicomios (arts. 27 Ley 26.657 y art. 37 Ley 9.848), y en esta inteligencia, toda inversión destinada al sostenimiento de tales dispositivos puede suponer, al final, la eterna re-inauguración de estos, legitimando así el modelo hospital céntrico”.
“La inversión que se proyecta destinar a mejorar la infraestructura del hospital monovalente debiera destinarse, entonces, a la sustitución y transformación de la institución conforme a los parámetros y criterios avalados por el nuevo marco normativo, esto es “cerrar de manera programada, gradual y definitiva la admisión para internaciones en instituciones monovalentes; así como promover la redistribución de los recursos humanos y financieros asignados a unidades monovalentes y el incremento de los recursos asignados a servicios polivalentes y comunitarios. Se trata de la aplicación del paradigma de derechos humanos en la atención en salud mental que implica no aislar, no segregar y no excluir, y, en cambio, atender a las personas con padecimientos mentales en hospitales polivalentes, desarrollar dispositivos comunitarios y abordajes interdisciplinarios.
La situación de desfinanciamiento que sufre el sistema de salud mental en Córdoba fue denunciada en numerosas ocasiones, especialmente a principios del pasado año cuando tuvo gran repercusión pública el estado del Hospital José A. Ceballos de Bell Ville. Este escenario se repite en el resto de los hospitales monovalentes de nuestra provincia donde se observa: 1) El deterioro de las instalaciones edilicias. 2) Recursos humanos y materiales insuficientes y precarizados. 3) La vulneración de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. 4) Un presupuesto e inversión en salud mental muy por debajo de lo que los estándares internacionales establecen y que tiende a decrecer.
Ahora bien, el deterioro material de estas instituciones que deberían constituir “especímenes en extinción” en modo alguno debe ser visibilizado como el problema mayor, puesto que de lo contrario se corre el grave riesgo de confundir inversión en salud mental con apuntalamiento del sistema manicomial.
Por ello, si bien la inversión pública para el sector salud y en especial en salud mental es un hecho que valoramos, dicho aporte debe tender a generar condiciones de vida dignas para los usuarios/as de salud mental que no pueden ser desarrolladas en las instituciones manicomiales. En este sentido, el pasaje de un modelo manicomial a un modelo que priorice la atención del padecimiento subjetivo en la comunidad, debe asentarse en una fuerte inversión que permita crear los dispositivos y las alternativas de atención que no sólo no restrinjan la autonomía de los/as usuarios/as de salud mental, sino que favorezcan la creación de lazos sociales”.
