Tuninetti le responde a Nora Bizzutti

 

Ante nada creemos necesario aclarar que Eco-Sitio no está obligado en ningún caso a presentar algún tipo de alternativa al proyecto de Bizzutti tal como lo ha expresado en varios medios y concretamente en EL DIARIO. 

Sí, en cambio, estamos obligados a plantear dudas. Desde lo técnico consideramos que se podrían ejecutar acciones que podrían dañar la salud de las personas, alterar el medio ambiente, etcétera, dentro de nuestra línea de acción. En realidad, lo primero que nos gustaría poder hacer es emitir un informe sobre el proyecto en cuestión y ver los fundamentos técnicos. Lamentablemente los mismos fueron solicitados a la concejala Bizzutti vía telefónica el día 12 de junio y vía correo electrónico los días 13 de junio y 4 de julio pasado sin suerte hasta el momento. Vale decir que nuestra opinión hasta el momento se basa sólo en un principio precautorio de disponer un material peligroso en el asfalto, seguramente en los próximos días estaremos emitiendo un análisis formal del proyecto de ordenanza cuando consigamos el mismo.

Le aclaramos a Bizzutti que Eco-Sitio siempre ha participado proactivamente en muchos temas de la vida comunitaria, como ser la presentación de varios proyectos de ordenanza en Villa María, la proyección de un vivero forestal, propuestas de gestión de basura cero, etcétera. Casualmente estamos pensando en realizar propuestas al ejecutivo villanovense para la gestión de los residuos. En otros casos, como es en éste, al enterarnos por los medios no nos queda otra que plantear por la misma vía las dudas.

Las pilas es un tema irresoluble en gran parte del planeta, son arrojadas junto con los residuos domiciliarios en su mayoría junto con otros residuos que no deberían estar en esta categoría, como ser las lámparas de bajo consumo (tienen mercurio), solventes, restos de insecticidas. Si la señora Bizzutti quiere nuestra opción se la adelantamos: hacer una buena campaña de concientización y recolección, acopiar las mismas y llevarlas hasta un centro de tratamiento de residuos peligrosos habilitados por la autoridad de aplicación y que sean dispuestos en celdas de seguridad. Hasta tanto no se haga esto las pilas y otros residuos peligrosos van a seguir contaminando la tierra y el agua de los basurales, aún así es menos riesgoso para las personas que disponerlo en el asfalto, por lo menos hasta que contemos con información para evaluar en contrario. Más allá del tema técnico en sí mismo complejo, quedará evaluar la gestión de los mismos: quien lo llevará a cabo, bajo qué normas de seguridad, qué parámetros se darán a los vecinos para asegurar su tranquilidad, etcétera.

Luis Tuninetti

Eco-Sitio

 

Sobre la sindicalización de policías

 

La detención y posterior cesantía “exprés” decretada por De la Sota de 23 policías (11 de ellos estaban en actividad en Villa María, 11 retirados, uno de los cuales continúa preso, y otro retirado del Servicio Penitenciario) esgrimiendo la flamante y fascista Ley 10.187 “anti motín” (anti huelga, en realidad) es un intento de tapar el sol con un dedo. Podrá demorar pero no detener el reconocimiento del derecho a la sindicalización de los asalariados uniformados, como está ocurriendo en cada vez más países latinoamericanos y del resto del mundo, tan necesaria no sólo para canalizar reclamos y convenir sueldos y condiciones laborales con su empleador como el resto de los estatales, sino también para, sin temor a represalias, poder denunciar la corrupción de los jefes y la institución, negarse a reprimir las luchas populares y desobedecer órdenes ilegales.

Este escarmiento que se le quiere dar a quienes identifican con el triunfo de perforar el techo salarial impuesto (referencia que fue tomada por otros) y a quienes quieren democratizar esa fuerza represiva desnudó tal vez como nunca antes la política de clase del Estado: el Poder Ejecutivo y Judicial no actúa tan rápido (o no actúa directamente) ante decenas de denuncias de ciudadanos contra abusos policiales en los procedimientos y personas que viven en los barrios pobres de la ciudad, causas que siguen “durmiendo” en Tribunales con acusados totalmente inmunes por mucho tiempo bajo el amparo institucional. Pero sí es veloz e implacable en el caso en cuestión: en menos de 24 horas, el 28 de junio pasado encarceló y echó de la fuerza a 23 efectivos que estaban reunidos con aviso, sin armas, sin uniforme, y fuera de su horario de trabajo en un bar céntrico de la ciudad queriendo informarse sobre un fallo judicial a favor de su derecho a la sindicalización. Todo ello luego de haber hecho enviar desde la Jefatura Policial, una vez retirada la prensa, a personal de la oficialidad a dicha reunión para poder “armar” de alguna manera algo parecido a una causa. Es para pensar: si el Gobierno es capaz de hacer algo tan burdo como eso contra su propia fuerza represiva, es inimaginable lo que puede llegar a hacer contra los reclamos y movilizaciones del resto de las y los trabajadores.

El Gobierno sabe que hay ya un fallo de una cámara judicial que dice que la Policía puede sindicalizarse y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está próxima a expedirse y en el mismo sentido sobre un pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 10, de la Ley 8.231 que impide la agremiación de las fuerzas provinciales de seguridad. ¿Querrá De la Sota adelantarse y formar un sindicato dócil desde arriba con gente de la oficialidad adicta y sacarse de encima ahora a los “rebeldes” que surgieron del 3 y 4 de diciembre pasado a quienes calificó con el apoyo de parte de la oposición de “extorsivos” ?  Visto desde afuera, esta acción “preventiva” de la jefatura de la fuerza efectuada en Villa María ha causado efectos contradictorios. Por un lado ha logrado transitoriamente desarticular y meter miedo al sector con más conciencia del personal que quería organizarse, y los echados ahora deben dar batalla judicial no sólo por su reincorporación sino además en el fuero penal, insólita e injustamente por razones sindicales de fondo, jurisdicción en la que sí debería dirimirse el conflicto. Pero por otro, este caso abrió aún más la crisis policial. La brecha que existe dentro de la fuerza entre la base y la suboficialidad proveniente de los sectores sociales jóvenes más humildes que ingresan a la Policía para tener alguna fuente de ingreso por un lado y la oficialidad por la otra, sin duda se amplió. Dicen que el que usa la fuerza está débil. Los reiterados y públicos aprietes desde la cúpula hacia la base uniformada para disciplinarla totalmente al servicio de los poderosos es una prueba de ello.  El derecho a la seguridad de la población ante la violencia delincuencial (que es parte de la violencia del capitalismo expresada en la desocupación, empleo en negro, explotación) no “colisiona” con el derecho a las huelgas policiales porque es un derecho “único”, es decir debe ser garantizado por el Gobierno (asegurando guardias mínimas y resarciendo daños a los trabajadores damnificados en sus bienes y personas en caso de no hacerlo) ya que los “modelos” económicos gubernamentales son los responsables de que sectores cada vez mayores de la sociedad sean empujados hacia actos desesperados y de marginalidad como los saqueos y destrozos del 3 y 4 y que estamos presenciando cada vez con más frecuencia. Pero la sindicalización es sólo un aspecto de una realidad más compleja. Se debe estar en contra del rol represivo que los partidos políticos del sistema le asignan a la Policía. Es urgente su depuración (limpiarla de uniformados corruptos que puedan estar ligados al narcotráfico, la trata y otros delitos, abusadores, torturadores y de “gatillo fácil”) y para ello es imprescindible el control social de todo el accionar policial, poder elegir y revocar a los comisarios, fiscales y jueces mediante el voto popular. Es una necesidad histórica. No puede convivir un régimen de la dictadura en estos tiempos. Pero no sólo hace falta otro tipo de Policía, sino una nueva sociedad. Nunca un dedo pudo tapar el sol.

Néstor Gea

corriente sindical del movimiento socialista de los trabajadores en CTA