El sector vive un nuevo ataque por parte de grupos financieros concentrados que amparados en interpretaciones erróneas de las normas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, ven la excusa perfecta para cerrar las cuentas corrientes a Asociaciones Mutuales y Cooperativas privándolas de poder llegar a sus asociados con los servicios que cada una presta conforme lo establece la Ley Nacional de Mutualidades Nº 20.321 y la Ley Nacional de Cooperativas Nº 20.337, y poder, entre otras cosas cumplimentar con obligaciones legales como lo establecido en la Ley 25.345 -pagos superiores a $1.000- sin dejar de lado la gravísima situación que padecerían las entidades cuya residencia se encuentra en el interior del país, en donde suele haber en el mejor de los casos un solo banco.
Este ataque a mutuales y cooperativas se sustenta en una campaña mediática de escasa base investigativa, porque de lo contrario quedaría a la luz que este sector genera el 10% del PBI y da servicios a mas de 20 millones de asociados a través de mas de 19.500 entidades enclavadas en cada pueblo y localidad de nuestro país, dando trabajo a mas de 300.000 personas, y siendo su capital estrictamente nacional, administrados democráticamente por sus propios asociados. Confundirnos con una sociedad de bolsa, es desconocer ampliamente la naturaleza jurídica de la mutualidad y el cooperativismo argentino.
En la profunda crisis de los años 2000 y 2001, las mutuales y cooperativas fueron las únicas entidades que dieron respuestas a un país desolado, ellas se quedaron sosteniendo cada productor, comerciante, Pymes, y empleados, mientras grandes corporaciones, bancos y empresas, cerraban sus puertas o se iban del país.
Parece que algunas entidades bancarias ignoran que el movimiento mutual celebró la modificación de la Ley 25.246 -Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo- , toda vez que a partir del año 2011 se incorporó en la misma a las mutuales y cooperativas como Sujetos Obligados a Informar ante la UIF-Unidad de Información Financiera-, ya que nada tenían que ocultar, y del mismo modo, celebró la incorporación del propio INAES -Instituto Nacional de Economía Social- como Sujeto Obligado a Informar, en su doble rol de Organismo Nacional de Fiscalización a Mutuales y Cooperativas y como responsable ante la UIF.
Es oportuno recordar que fue el INAES quien propició con el espíritu de contribuir a luchar contra el flagelo proveniente del lavado de activo y financiamiento al terrorismo, la puesta en práctica de lo establecido en el Decreto presidencial 1225/07 "Agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo ", al efecto de incluir a las Mutuales y Cooperativas y al propio INAES como Sujetos Obligados a informar ante la UIF.
Repasando, por lo que algunos parecen desconocer, es importante recordar que el sector mutual tiene muy en claro la responsabilidad que significa ser un sujeto Obligado a Informar en el marco de la Ley 25.246, y este rol es cumplido por la obligación determinada por la ley, y por la convicción que emana de los valores y principios del mutualismo y del cooperativismo.
Tenemos el orgullo de afirmar que el mutualismo argentino, en cuanto a la lucha en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, es el más avanzado de Sudamérica, y ello obedece a las normas nacionales en esta materia que incorporan a nuestro sector, a las regulaciones específicas que provienen del Organismo del Control INAES, y por el rol activo en el cumplimiento de éstas, por parte de las entidades de 1º, 2º y 3º grado que integran el mutualismo y cooperativismo argentino a lo largo y ancho del país.
(*) Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, miembro de la Mesa de la Economía Solidaria
