Los empresarios villamarienses Darío Onofre Ramonda (59) y su hijo Darío José Ramonda (32) fueron imputados por la Justicia Federal de Córdoba, en el marco de la causa en la que se investiga el escándalo de la financiera CBI Cordubensis SA.
Los propietarios de la concesionaria Centro Motor SA, agencia oficial Toyota en la capital provincial, fueron acusados como supuestos coautores de los delitos de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera ilegal”, según lo dispuesto por el fiscal federal Enrique Senestrari, y se estima que en las próximas horas el juez Ricardo Bustos Fierro los citará a indagatoria.
Senestrari resolvió la medida judicial el pasado viernes, pero recién se conoció en la víspera a través de las páginas del diario La Mañana de Córdoba, en donde se precisó que los Ramonda habían sido nombrados como “protagonistas del supuesto fastuoso movimiento millonario de dinero desde el primer momento en que se desató el escándalo de CBI, tras la misteriosa muerte de Jorge Suau, que los mencionó en su presunta carta póstuma.
Por esa razón, el 28 de febrero del corriente año y en forma simultánea, la Justicia Federal allanó la concesionaria ubicada en avenida Colón 5077, en la capital provincial, y el domicilio particular de Darío Ramonda (p), sito en Rivadavia 484, en Villa María.
En aquella carta que dejó Suau, al hacer referencia a un servidor paralelo de los movimientos de la “mesa de dinero” liderada por Eduardo Rodrigo (titular de CBI y principal sospechoso), el fallecido vicepresidente de la financiera indicaba que “en ese servidor se encuentran todas las operaciones de lavado de dinero que, en los últimos seis años y hasta hace aproximadamente un par de meses, realizaba la empresa Centro Motor SA con la compraventa de autos usados y con las diferencias de precios de las compraventas de autos en general que realizaba a diario”.
Suau agregó que “a CBI concurrían los compradores o vendedores para abonar las operaciones en negro. De hecho, existían en CBI reciberos en blanco que eran completados por Rodrigo o alguno de los tesoreros por el que ingresaban operaciones y se transferían ingresos”.
Además, la escribana que certificaba los mutuos de la financiera, que tenía sedes en el Dino Mall, era la misma que trabajaba con la concesionaria automotriz de la marca japonesa.
“Se ha hecho una exhaustiva investigación de los distintos elementos que poseemos y se ha determinado la responsabilidad de la maniobra delictiva de los Ramonda”, informaron al matutino cordobés desde la Fiscalía de Senestrari. Se habría logrado confirmar indicios que los sindican con relación a la financiera desde el año 2008, cuando figuraban como socios de CBI.
Es por ello que el representante del Ministerio Público imputó a padre e hijo por los delitos antes descriptos, con lo que ya son 14 las personas investigadas por el “caso CBI”, a las que se suman otras tantas por las causas Bacar-Blicen y las mesas de dinero en el interior provincial, todas relacionadas en una maraña de intereses políticos y económicos que parece no tener fin.
