El delegado de la Defensoría del Pueblo del Departamento General San Martín, Matías Sánchez, venía recibiendo reclamos de familiares de personas con alguna discapacidad por diversos obstáculos. Por eso, comenzó a planificar reuniones que se iniciaron ayer con un encuentro que se desarrolló desde las 16 en la sede del Centro de investigaciones  de la Economía Social  (CIESO), y en el que se comenzaron a delinear las acciones tendientes a hacer cumplir la Ley 24.431.

Esta norma comprende un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, tendiente a asegurar su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a “concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales”.

 

Está adherida

Sánchez explicó que Villa María está adherida a la ley, pero que en la práctica no se respeta.

Por eso ayer acudieron funcionarios políticos, como el radical Daniel Azcona y el justicialista Marcelo Frossasco, a escuchar a las personas que se ven afectadas por esta falta de cumplimiento.

La idea es que se genere una iniciativa popular, que lleve a los responsables de hacer cumplir las normas el llamado a concretarlo.