Por medio de un decreto que establece un amparo a la Ley 26.913, se dictó el pago de pensiones graciables a expresos políticos.
En Villa María, Guillermo Rocha, titular de ANSES, se reunió con la Comisión de Derechos Humanos para debatir la nueva ley y conformar un padrón de beneficiarios en la ciudad y la región.
Rocha dijo al respecto que “se trata de una ley de reparación que es un orgullo para nosotros. Es un día muy especial que estamos compartiendo con esta gente (por expresos políticos) que solamente llevaba como bandera una idea y por eso fueron detenidos, torturados, perseguidos”.
Además, agregó que “se les pagarán alrededor de 7.400 pesos que van a entrar con la movilidad jubilatoria, con aguinaldo”.
Respecto a la cantidad de beneficiarios en Villa María, el titular de ANSES comentó que “en estos días hemos recibido muchas solicitudes, por eso tuvimos que acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que nos ayude con el material de archivo y registro del que ellos disponen. Suponemos que son más de cien personas, teniendo en cuenta que nosotros abarcamos la zona que va hasta La Carlota, Oncativo, Las Perdices y Pozo del Molle”.
En este sentido, el Decreto Nº 1.058 del 10 de julio establece en su artículo 1º de la Ley Nº 26.913: “El otorgamiento de una pensión graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 se encontraban en la situación de haber sido privadas de su libertad en condiciones civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, por actos emanados de unidades o tribunales militares, por tribunales civiles”. Todos ellos bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y violatorios de los derechos humanos amparados constitucionalmente.
También, aclara que las personas que pueden tramitar la pensión son aquellas “privadas de su libertad por causas políticas gremiales o estudiantiles”.
Para acceder a esta el titular o apoderado debe acercarse a una Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES, con DNI y completar un formulario de solicitud de la prestación y copia de documentación respaldatoria de los hechos relatados emanados del Ministerio de Defensa o de los Consejos de Guerra, también pueden ser recortes de diarios en caso de contar con documentación.
Además contempla a los residentes en el exterior del país, dato relevante teniendo en cuenta que muchos presos políticos se exiliaron.
s El caso de un
expreso político
Omar Mignola se reconoce como un sobreviviente de aquella época. Relató que “estuve preso aquí en la Penitenciaria, La Perla (Córdoba capital), Bell Ville, Marcos Juárez y en la UP Nº 9 de La Plata entre 1978 y 1981. Yo era secretario de organización del Partido Comunista”.
Respecto a esta reparación histórica de parte del Estado, Mignola adujo que “en realidad hace unos años De la Sota nos dio un subsidio honorífico que aún nos pagan, de Villa María somos tres que lo recibimos”.
Pero declaró que “justamente que sea un subsidio es un artilugio político para sacarlo en cualquier momento, no tenemos ninguna seguridad. En cambio esta pensión es más segura, la vamos a cobrar de por vida, incluso algún familiar cuando ya no estemos nosotros”.
En este sentido, la ley establece que será la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el órgano encargado de resolver la procedencia del beneficio y que al momento de fallecimiento del titular serán acreedores primero el cónyuge o concubina, luego en prioridad los hijos menores de edad hasta que alcancen la mayoría y los hijos incapacitados para el trabajo.
