El comisario Marcelo Abel Albera negó ayer haber intentado coimear a un empresario, al que le habría pedido un par de electrodomésticos para “agilizar” un trámite policial, al ser indagado por el fiscal de Instrucción Gustavo Atienza, quien poco después dispuso su libertad.
Tras negar el hecho que se le atribuye, el jefe policial villamariense se abstuvo de seguir declarando y sólo compareció sobre condiciones personales. Concluido el acto procesal, Albera fue excarcelado en horas del mediodía de la víspera, aunque continúa bajo proceso.
De la indagatoria participaron los abogados Luis Caronni y Juan Antonio Rusconi, quienes asumieron la defensa del funcionario y aconsejaron a su cliente que no siguiera declarando, sin que ello implique presunción de culpabilidad.
El comisario acusado tiene 39 años de edad, nació en Villa María el 5 de junio de 1975, es divorciado, está en pareja con una policía y se domicilia en Entre Ríos al 400, en barrio Centro Sur de esta ciudad.
Lleva 21 años en la fuerza y antes de ser el titular de la Comisaría de Distrito, estuvo al frente de las dependencias policiales de Etruria y General Deheza. Asimismo, posee dos títulos universitarios (es martillero público y licenciado en Seguridad), carreras que cursó en la UNVM.
La detención
Albera, quien estaba a cargo del Juzgado de Faltas de Primera Instancia, había sido detenido el viernes pasado luego de un incidente registrado en un control de ruta, donde personal de la Policía Caminera detuvo la marcha de un camión con un trailer, en el que se trasladaba una retroexcavadora.
Cuando los uniformados chequearon en el sistema policial, advirtieron que sobre dicha maquinaria pesaba un pedido de secuestro, por lo que fue incautada y el chofer fue trasladado a la dependencia de General Paz y San Juan.
Desde allí, el camionero se contactó telefónicamente con su patrón, quien de inmediato viajó a Villa María para aclarar la situación. A eso de las 15 del mismo viernes el empresario llegó a esta ciudad y no tardó mucho en demostrar que todo estaba en regla y que, por una demora en el sistema, no había saltado antes la información de que ya no pesaba pedido de secuestro sobre la retroexcavadora.
Fue entonces cuando el comisario Albera le habría solicitado una heladera con freezer y un horno microondas para “agilizar” el trámite, a los efectos devolver la maquinaria.
El asunto es que luego de algunas horas y tras la denuncia efectuada por el empresario, el jefe policial fue detenido alrededor de las 22.15 y en horas de la madrugada del sábado se lo trasladó al penal de Bouwer, en proximidades de la ciudad de Córdoba, donde permaneció alojado hasta ayer a la mañana, cuando fue traído a Villa María para ser indagado.
Según precisó ayer a EL DIARIO el abogado Caronni, por el momento Albera “sigue integrando la fuerza, ya que no ha sido notificado de nada”.
Sin embargo, el propio jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, comisario General Julio César Suárez, informó el sábado pasado que se había dispuesto la “inmediata separación del cargo y la situación pasiva” del funcionario adscripto a la Unidad Departamental General San Martín.
Qué dice la ley
El delito de “exacciones ilegales” es legislado por el artículo 266 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
