El auditor Luis Rey salió ayer al cruce de las expresiones del integrante de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Matías Sánchez que acompañó el reclamo de vecinos discapacitados autoconvocados que reclaman “se adapten todos los espacios de la ciudad para discapacitados”.

“En primer término, hago saber que me solidarizo  con el reclamo que formula el grupo de vecinos  discapacitados autodenominados Eliminando Barreras”, expresó Rey antes de segurar que “desde la Auditoría General – Defensoría del Pueblo trabajaremos en lo que nos compete para tratar de encontrar soluciones a los problemas que este grupo de personas denuncia”, puntualizó.

“Sin perjuicio del manifestado reconocimiento, corresponde hacer algunas aclaraciones ante la falacia que contiene el referido documento”, argumentó el auditor.

“El  grupo de personas que conforman la nombrada agrupación deben saber que el Defensor del Pueblo de la Provincia, es el  señor Mario Decara, y que el señor Matías Sánchez,  quien se autotitula como tal, sólo cumple funciones administrativas en nuestra ciudad, concurriendo algunos días y ciertas horas a la oficina que le facilitamos en nuestra Auditoría General. En consecuencia, Sánchez indebidamente se arroga un título y un cargo que no le corresponden”, sostuvo el funcionario.

“En cuanto a la señora Anabella,  mamá de un niño discapacitado, quien dice haber concurrido a la Defensoría del Pueblo de Córdoba en Villa María, le recuerdo que nunca presentó ante nuestra Auditoría General  y/o Defensoría local ningún reclamo ni tampoco habló conmigo, por lo que mal puede decir que no tuvo respuesta a sus reclamos”, acotó Rey.

“De igual manera el resto de las personas discapacitadas que firmaron el documento, ninguna de ellas se acercó a nuestras oficinas, de modo que al igual que la señora Anabella, mal pueden decir que no fueron atendidos sus reclamos”, subrayó el ombudsman local.

“En verdad, el reclamo de las personas discapacitadas a primera vista parece justo y por tal razón merece mi reconocimiento, pero se pone en duda su fin último cuando advertimos que quien encabeza el reclamo (refiriéndose a Sánchez) primero falta a la verdad al arrogarse un cargo que no tiene, y luego, cuando es de público conocimiento su militancia política dentro de la Juventud Radical de la ciudad, surge claramente la intencionalidad política, en este aspecto vale recordar que a las defensorías del Pueblo les está prohibida la actividad política (artículo 6 Ley 7.741)”, enfatizó el defensor del Pueblo.

“En consecuencia su intervención deja de ser inocente y de buena fe. Oh, casualidad que la nota sólo hace referencia a las falencias del edificio municipal, que en verdad las tiene y se deben corregir, pero nada dice sobre las falencias que se observan en los edificios públicos dependientes de la provincia, lugares en donde sí debería actuar la Defensoría del Pueblo de la Provincia ya que esta Auditoría carece de competencia. Vaya por caso el edificio de Tribunales, en donde los discapacitados deben ingresar con la ayuda de un tercero y por la cochera de la Policía por donde ingresan los presos o en la inexistencia de baños para discapacitados en el edificio de la Dirección General de Rentas, en el Registro de la Propiedad y otros”, remarcó.

“Dice el autotitulado defensor del Pueblo que no quiere politizar, y está bien que así sea, tampoco es mi intención hacerlo pues conforme lo señalara también a mí me está prohibida la actividad política, pero  de no haber tenido el señor Sánchez esa intencionalidad, hubiese aconsejado a quienes lo consultaron que canalizaran el reclamo ante nuestras oficinas, que la Auditoría General es quien tiene competencia para ello.  Prueba de nuestro compromiso con las personas discapacitadas lo refleja el mismo periódico, donde señala mi participación  en la reunión del Consejo Asesor de Discapacidad, reunión a la cual la agrupación que reclama se negó a participar, aconsejada por Sánchez”, dijo además.

“Por último y para finalizar, conforme ya lo señalara, sólo quiero aclarar algunos aspectos que no son veraces e invitar a la agrupación `Eliminando Barreras´ a sumar esfuerzos para encontrar soluciones, evitando la manipulación de quienes pretenden sacar algún  rédito ofreciendo gestiones oficiosas y de dudosa buena fe. Sepan que la Auditoría General  y/o Defensoría del Pueblo de la ciudad, está siempre dispuesta a escuchar sugerencias y asumir el rol en la defensa de los derechos de los vecinos, y especialmente cuando se trata de personas con discapacidad”, concluyó.