Como días atrás, pero esta vez directamente remitiendo su pedido al intendente Eduardo Accastello, los tribunos de cuentas José Naselli y Gustavo Maristany volvieron a solicitar que el intendente “interponga su autoridad” para que los Entes Villa María Deporte y Turismo SEM y Desarrollo Productivo y Tecnológico SEM rindan cuentas sobre aportes recibidos.
A través de un escrito al cual tuvo acceso EL DIARIO, los vocales enfatizaron que los integrantes de las entidades “cumplan con los deberes inherentes a su condición de funcionarios públicos y procedan a rendir cuentas sobre el destino de más de 10 millones de pesos recibidos en carácter de subsidios”.
Naselli y Maristany, apuntando directamente al ente conducido por Marcos Bovo, aseguraron que “recibieron información de las oficinas competentes del municipio” que “contradice y desmiente, en forma grave y trascendente” lo afirmado desde la entidad.
Cabe recordar que Bovo durante julio informó al Tribunal de Cuentas que el Ente a su cargo había “rendido en tiempo y forma ante el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)” el subsidio.
“Requerida copia de la documentación entregada, hemos podido constatar que de la misma no aparece rendición de cuenta alguna”, indicaron los tribunos antes de destacar un párrafo del informe de la sindicatura, donde además de repasar que “en la misma Ordenanza se establece la obligación de rendir cuentas de los fondos del DEM dentro de los 30 días de celebrada la Asamblea General Ordinaria conforme a sus estatutos, en la que se haya aprobado el balance correspondiente al ejercicio en que se liquidaron los subsidios”.
Para rematar su aseveración, los vocales reprodujeron de manera textual el aconsejamiento que desde la Sindicatura se formula respecto a la presentación de la rendición de cuentas.
“Recordamos a los integrantes del Directorio la obligación de cumplimiento de este deber formal ante las autoridades de la Municipalidad de Villa María dentro del plazo establecido”, manifestaron los síndicos.
“No sólo no se ha cumplido con la recomendación de la Sindicatura. Tampoco existe ninguna documentación de respaldo que nos permita conocer sobre la veracidad y autenticidad de las operatorias (comprobantes, vales, facturas, recibos, contratos, informes sobre operatorias bancarias, compra y/o venta de moneda extranjera, convenios publicitarios, cotizaciones, presupuestos y todo otro elemento convictivo)”, remarcaron los referentes del radicalismo y el Partido Villamariense.
“Recordamos que los funcionarios depositarios de la voluntad del pueblo están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones. Eludir esa obligación, al margen de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que genera, también significa un escándalo institucional evidente”, concluyeron.
