La Justicia cordobesa anuló un allanamiento realizado hace casi un año en Villa Nueva, en el cual la Policía había incautado 20 kilos de droga, pues dicho procedimiento había sido ordenado por un juez de Paz. La decisión fue tomada en las últimas horas por la Cámara Federal de Apelaciones de la capital provincial.
Según el fallo, sería irregular el accionar de los policías Leonardo René Rivero y su esposa Andrea Miranda, quienes fueron denunciados en mayo de 2012 por pedir una supuesta coima de 60 mil pesos a Rafael Héctor Deheza, dueño del inmueble allanado, quien a partir de ese momento “habría sufrido una persecución”.
El hecho se remonta al 12 de septiembre de 2013 cuando, según Rivero, recibió una llamada anónima en la que le informaban que un par de horas más tarde se descargarían autopartes robadas en 25 de Mayo 1244 de Villa Nueva. Sin embargo, a la hora señalada llegó al domicilio en cuestión una camioneta de la que descargaron una caja que contenía poco menos de 20 kilos de marihuana.
Ante la denuncia anónima (algo en lo que la Justicia Federal no creyó, ya que se sospecha que Rivero sabía que lo que realmente iban a llevar era droga), se solicitó una orden de allanamiento al juez de Paz de la vecina ciudad, en lugar de venir a Villa María y solicitar idéntica medida al juez de Control, según informó ayer el diario La Voz del Interior.
Es oportuno consignar que los efectivos no podían solicitar una orden de allanamiento a la Justicia Federal porque, en principio, se trataba de artículos sustraídos, por lo que le correspondía actuar a la Justicia provincial.
En el lugar fueron detenidos el mencionado Rafael Deheza, Gustavo Alejandro Deheza, Sandro Fabián Machado, Ramón Antonio Almada y Verónica Analía Ocanto, acusados de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El procedimiento fue convalidado por el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, lo que motivó dos recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Las apelaciones fueron presentadas por la villamariense Beatriz De Césaris de Pairola, por la Fiscalía Federal de esa ciudad y por los abogados Sebastián Becerra Ferrer y Carlos Hairabedián, defensores de Ocanto, según precisó el diario capitalino.
El máximo tribunal federal de Córdoba, integrado por los camaristas Luis Roberto Rueda, Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, revocó el procedimiento ordenado por el juez de Paz, a pesar de que, en circunstancias “excepcionales”, éste pueda extender órdenes de allanamiento amparado por una ley provincial.