Tal como lo vienen haciendo en toda la provincia, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) realizó, con la orden judicial correspondiente, un procedimiento en un estudio contable de esta ciudad que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento laboral, contable, impositivo y administración. 

Se trata de la firma “Administración Olivero y Asociados”, de Sergio Olivero, donde secuestraron documentación y registros informáticos para iniciar una investigación que de cuenta de si la actividad realizada está dentro de las atribuciones que les competen sólo a los matriculados en el CPCE.

Según la legislación vigente, todas las actuaciones de los profesionales de la actividad deben ser realizadas por profesionales en ciencias económicas egresados de universidades nacionales.

“Este requisito fundamental importa un beneficio y brinda seguridad a los destinatarios de la labor profesional y a la comunidad en general, ya que la institución avala, de esa manera, la actuación del profesional interviniente”, indicaron desde el CPCE.

El Consejo, en base a las atribuciones conferidas por la Ley Nacional Nº 20.488 que regula el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas, es el que viene realizando estos procedimientos de fiscalización.

Será la Justicia la que determine si los responsables del estudio allanado ayer incurrió en el ejercicio ilegal de la profesión o no.

Sergio Olivero, director de Olivero y Asociados, habló con EL DIARIO y manifestó que “el Consejo tenía la presunción de que no había aquí un contador. Pero la denuncia fue hecha a mi nombre y yo no soy contador”.

En este sentido, aclaró que “el estudio cuenta con un contador que es Néstor Hugo Menegotto, que es el responsable técnico del área de servicios de contador, como también hay una abogada que presta asesoramiento jurídico. Ya presentó su facturación y domicilio legal en Olivero y Asociados en 25 de Mayo 523”.