La abogada Cecilia Pérez Correa remplazó a Eduardo Rodríguez y a Marcelo Martín Silvano en el patrocinio de los policías envueltos en el conflicto que se inició cuando fueron detenidos por llevar adelante una reunión gremial en nuestra ciudad el pasado 28 de junio, y que terminó con la cesantía de 23 efectivos.
En el transcurso de esta semana, confirmó la letrada, serán presentados los amparos correspondientes que buscan revocar el decreto que impuso el gobernador José Manuel de la Sota haciendo uso de la polémica Ley Antimotines y apartó de las fuerzas a estos oficiales.
“La semana que viene vamos a tener noticias importantes”, adelantó Pérez Correa, ya que, advirtió, “una vez presentados, los tiempos son casi inmediatos, porque los jueces de Córdoba son ágiles y en dos días o menos ya tienen una respuesta, porque comprenden la magnitud del problema”.
Pensando en la posibilidad de que con este recurso se pueda dar marcha atrás al fallo y que los policías puedan volver a su trabajo, la abogada es positiva al respecto y justificó esto haciendo referencia a dos antecendentes: “Chanquía, en Bell Ville, y Montero, en Arroyito, fueron restablecidos en sus cargos”. En abril, la Justicia determinó que se le permita a Gustavo Montero convocar a reuniones gremiales y revocar el pase a pasividad del mismo, y la misma situación sucedió con Javier Chanquía.
Además, la abogada confirmó que se realizará una denuncia ante organismos internacionales, concretamente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque “el Estado, que tiene que garantizar el derecho a la libertad sindical, y en este caso el mismo Estado lo está violando”.
Zabala sigue preso
Pérez Correa se refirió también a la situación de René Zabala, el secretario General de la Unión de Policías y Penitenciarios Argentinos, quien continúa detenido.
“Estamos tratando de recuperar la libertad de Zabala, se sabe que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la privación de libertad es absolutamente excepcional y cuando existe peligro de fuga, que por supuesto no existe en este caso”.
La abogada dijo que “no puedo creer que el gobernador se presente a candidato a presidente cuando tiene diálogo cero: reprime, castiga y no da posibilidad de defensa alguna para el trabajador, tiene el aparato represor en la mano y el trabajador se encuentra absolutamente indefenso”.