Veinte personas de Villa María y la región ya iniciaron el trámite para acceder a la pensión para ex-presos políticos. Lo confirmó el subjefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Villa María, Andrés Perazzi, quien explicó que “tenemos 20 expedientes caratulados, lo que nosotros hacemos es recepcionar la documentación, abrir un expediente y es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la que va a evaluar si se tiene derecho o no a acceder a esta pensión”.
La semana pasada en la dependencia local de ANSES, su titular, Guillermo Rocha, se reunió con la Comisión de Derechos Humanos para debatir la Ley Nº 26.913 que, a través de su decreto reglamentario, establece un amparo de pensiones graciables a ex-presos políticos.
En su momento, explicaron que se les pagarán alrededor de 7.400 pesos, que van a entrar con la movilidad jubilatoria, con aguinaldo.
Perazzi aseguró que aquellas personas que estuvieron detenidas por el Poder Ejecutivo entre 1976 y 1983 “tienen que venir a ANSES, donde les damos un formulario de la Secretaría para que completen”. Además, aclaró que “tienen que traer documento y alguna prueba que demuestre que estuvieron detenidos en ese período”.
Respecto a esa “prueba”, explicó que “hubo tres leyes que salieron en su momento para beneficios económicos y sería una prueba si ya fueron reconocidos por esas leyes”, aunque también “podrían traer fotos o documentación de la detención”.
El subjefe de ANSES aclaró que “no hay fecha límite para la presentación” y que si bien por el momento son 20 los expedientes abiertos, “hay muchas consultas y estimamos que son muchos más los que están en condiciones de acceder”.
Sólo a modo comparativo, cabe destacar que en Río Cuarto, por ejemplo, ya son 150 las personas que solicitaron el acceso a este beneficio.
El decreto
El Decreto 1.058/14, reglamentario de la Ley Nº 26.913, indica que esta última norma “otorga una pensión graciable para aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles, entre otras, hasta el 10 de diciembre de 1983”, pasando así a formar parte de un sistema integrado por diversas leyes, que persigue la reparación de los daños producidos a víctimas y familiares de víctimas por el terrorismo de Estado.
