Sin cobrar sueldo desde hace casi dos meses, ocho policías cesanteados de esta ciudad estuvieron ayer en el Juzgado con competencia laboral de esta ciudad, acompañados por el letrado cordobés Martín Baigorria. En barandilla, presentaron el amparo sindical para que los reinstalen en sus trabajos y les abonen los salarios que dejaron de percibir.
Recordamos que el conflicto se generó tras la realización de una reunión informativa en el bar Mar Gut, convocada por la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina, Córdoba (UPPAC).
A poco de iniciado el encuentro, llegaron al bar de la esquina de San Juan y Chile los jefes de la Departamental, quienes les pidieron que los acompañaran hasta la sede de la Policía, para seguir la conversación con el ministro de Seguridad que estaba en Villa María. Así lo hicieron y tras sentarse en el Salón Azul, les comunicaron que quedaban detenidos por los supuestos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Más tarde, conocieron que el Gobierno les había aplicado la “ley antimotín”, por lo que quedaron cesanteados en sus trabajos, a la par que el secretario general del gremio, René Zabala, aún sigue detenido en Bouwer.
“Si sabía que nos iban a detener, no íbamos. Estabamos de franco o de licencia, sin uniforme ni armas en un lugar privado. No estábamos haciendo nada malo”, dijo uno de los policías afectados,
El amparo
En un escrito de 40 hojas, firmadas por la abogada Cecilia Pérez Correa, piden que la Justicia declare nula la cesantía de los policías y además, introduce una medida cautelar para que de inmediato le restituyan los salarios que dejaron de percibir Sergio Peralta, Fernando Maidana, Gloria del Valle Moreno, Federico Bordino, Paola Sachetto, Gustavo Cabrera, Fernando Bordino y Adrián Alberto Mina, este último, está cesanteado aunque ni siquiera estuvo en la reunión.
Entre los afectados, hay un matrimonio, por lo que ese hogar pasó de tener dos salarios a no poder percibir ni un centavo. Precisamente, son los padres del bebé que estuvo “detenido”, dado que su madre lo llevó a la reunión del Mar Gut y después estuvo con ella las horas que pasaron sin libertad.
En el pedido a la Justicia, refieren a la importancia de que con celeridad se arbitren los medios para devolver el salario dado que “la cesantía dispuesta como represalia por la actividad gremial realizada, nos coloca en un estado de insolvencia que impide nuestra propia subsistencia y la de nuestras familias a quienes asistimos económicamente”. Y agregan que el “carácter alimentario del sueldo, explica la imposibilidad de esperar a que se resuelva el fondo de la cuestión debatida, para solventar las necesidades básicas para vivir, como las de vivienda y alimentación”.
Precisamente, la cuestión de fondo es la planteada también en el amparo, dado que consideran que sufrieron una discriminación por participar de una reunión convocada por un gremio reconocido.
De héroe a cesanteado
Federico Bordini, uno de los cesanteados, fue el que permitió identificar a los autores materiales del intento de homicidio contra Alejandro “Caño” Roganti. Recientemente, los jueces que condenaron a Maximiliano Eve (hermano de Sebastián, el autor de los disparos), elevaron una nota a las autoridades para que reconozcan la acción heroica de ese agente que, estando de franco, persiguió a los autores de tremendo delito en una moto.
“En ese momento, el actual jefe de la Policía, Julio César Suárez, era subjefe en la Departamental. Me acuerdo que me llamó y me preguntó por qué no iba armado”, recordó Bordini, quien hace dos meses no cobra su sueldo.
Las fotos
1) Martín Baigorria, abogado cordobés, presentó el pedido de amparo sindical para los ocho cesanteados
2) Los policías que fueron a la reunión de Mar Gut el 28 de junio, esperan que la Justicia les reconozca sus derechos a participar de reuniones sindicales
