Las distintas versiones de lo ocurrido en Mar-Gut Bar la mañana del 28 de junio motivaron que el fiscal Gustavo Atienza resolviera tomarse el tiempo que le da la ley para decidir si accede o no al pedido de liberación presentado por René Zabala, secretario general de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC).
Cabe recordar que tras la reunión realizada en Villa María, los policías activos que participaron -incluso uno que no estuvo- fueron cesanteados, dejando de percibir su salario a raíz de un decreto que les aplicó la ley conocida como “Antimotín”.
El único que quedó detenido fue el secretario general del gremio, René Zabala, que hace dos meses permanece alojado en una celda de la cárcel de Bouwer, en el pabellón especial para policías.
Ayer fue trasladado desde Córdoba a Villa María para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Gustavo Atienza.
Cabe señalar que Zabala está imputado por el supuesto delito de “privación ilegítima de la libertad”, que en el Código Penal prevé una pena de 2 a 6 años.
Los hechos que motivaron tal imputación ocurrieron en Mar-Gut Bar, cuando la cúpula policial fue hasta el lugar donde se desarrollaba la reunión. El fiscal imputó en base a los testimonios de la cúpula, que refieren a que hubo “empujones” e “insultos” y “maltratos”; mientras que el relato de los asistentes es diferente: “Fueron a decirnos que había una reunión con el ministro en la sede de la Departamental y nos fuimos todos para allá, caminando, sin saber que íbamos a terminar detenidos”, relató uno de los policías cesanteados
El abogado Luis Oscar Obregón, representante de Zabala, dijo que es “insostenible” la versión que habla de privación de libertad. “Está claro que los jefes de la Departamental fueron invitados 48 horas antes, que, además, EL DIARIO publicó la realización de la reunión con invitación para todos los policías en actividad y retirados. Mal pueden llegar a decir que se les impidió el ingreso”.
El fiscal, tras tomar la indagatoria a Zabala, dispone de 72 horas para definir si lo libera o permanece detenido.
Obregón no duda en recurrir a otras instancias judiciales si es rechazado el pedido. “No hay forma de que siga detenido. No hay peligrosidad procesal y la mínima del delito que se le imputa es excarcelable”, explicó.
La política
“Es claro que el gobernador tomó la decisión política de impedir las acciones de un gremio constituido legalmente”, dijo Obregón. “Es importante señalar que la ley permite la constitución del gremio, con la limitación de que no pueden hacer huelgas”, agregó.
Dado que hay versiones que refieren a que Zabala tiene antecedentes, Obregón aseguró que lo único que existe es el de “amenazas”, supuestamente proferidas en el accionar sindical y que no llegaron a imputarlo.
Ayer los policías cesanteados y la familia de Zabala estuvieron horas frente a la oficina del fiscal Atienza esperando la liberación del detenido. Deberán seguir esperando, al menos, unas horas más.
