Hoy se cumplen 15 años de la mayor tragedia aérea de nuestro país. Y, según los familiares de las víctimas, el inicio de uno de los peores bochornos judiciales que la Argentina recuerde. 

Aldo Serrano era un reconocido dirigente sindical villamariense que se desempeñaba como secretario general de Luz y Fuerza y presidente de Generadora Córdoba (GECOR). Figuraba como uno de los más de setenta pasajeros que abordara el vuelo WRZ 3142 de la aerolínea LAPA, la fatídica noche del 31 de agosto de 1999 en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, con destino a la ciudad de Córdoba.

Según cuenta el expediente, el avión avanzaba a gran velocidad tras el despegue cuando los pilotos intentaron frenarlo, al advertir una falla técnica. A los pocos metros, el vehículo derribó el cerco perimetral del aeropuerto, sobrevoló una avenida y terminó estrellándose contra un terraplén. Debido al choque, el combustible se derramó y el avión se incendió completamente.

El juicio que derivaría la tragedia, iniciado en febrero de 2008, llevaría a otro lamento por parte de los familiares: ningún imputado iría preso. Sólo recibieron condena a tres años de prisión en suspenso -por el delito de “estrago culposo agravado”- Valerio Francisco Diehl, exgerente de operaciones de LAPA, y Gabriel María Borsani, exjefe de Línea de Boeing 737-200. Por su parte, se sobreseyó la acción penal a otros seis directivos de la empresa y se absolvió a los principales responsables: el presidente Gustavo Andrés Deutsch y el vicepresidente Ronaldo Patricio Boyd.

Por si faltara más, la Corte Suprema de la Nación rechazó días atrás una presentación de la Asociación Civil de Víctimas Aéreas, declarando a la causa directamente como “abstracta”. 

 

“Vivimos con una impotencia permanente”

 

Oscar Serrano, hijo mayor de Aldo, conversó con EL DIARIO acerca de la significación de un nuevo aniversario y del reciente pronunciamiento del máximo tribunal.

“El dictamen de la Corte se suma a una más de las respuestas que hemos conseguido de la Justicia en todos estos años. Recuerdo que cuando comenzó la etapa de instrucción del juicio teníamos la sensación de que íbamos a llegar a buen término, por todas las pruebas que se habían acumulado. Pero poco a poco nos dimos cuenta del enorme poder que tienen los empresarios, algo que no pudimos doblegar, porque parece que mueve montañas”, subraya.

Y luego rememora las ideas y venidas de la burocracia judicial: “Cuando terminó el juicio en 2010, los familiares apelamos inmediatamente en los tribunales federales. El fallo fue a (la Cámara de) Casación, la cual resolvió que estaba mal el fallo y por ello, lo devolvió al Juzgado. El tribunal, cuando lo recibe, dice que la causa ya está prescripta, así que la devuelve a Casación. Nosotros pedimos que cambien de tribunal dentro de la Cámara para que defina y en todo ese proceso la causa quedó concluida. Por ello, lo único que nos quedaba era hacer una presentación en la Corte”.

“El dictamen que libran -enfatiza- es una falta de respeto. Sólo tiene cuatro renglones donde se indica que la causa está abstracta, es decir que está como ilegible. Lo que pasa es que nadie se quiere hacer cargo de que la causa LAPA prescribió”. 

Y añade: “Que nos hayan dicho eso en esta época, a pocos días del aniversario, fue un insulto o una cachetada para nosotros. Lo único que nos queda por hacer es solicitar que la Corte fundamente esos términos. Y por último, según hemos hablado con los abogados, es ir a apelar a la Corte de La Haya”.

¿En todos estos años, ha habido algún arrepentido?

-Sí, hubo una mujer. Se llamaba Nora Arseno y era jefa de operaciones. En medio del juicio dijo: “Voy a hablar porque no puede ser que esto siga así”. Me acuerdo que era un miércoles o un jueves. Al lunes siguiente ya había cambiado totalmente su decisión y su declaración.

¿Pasó alguna otra situación similar en el proceso?

-En una oportunidad acusamos directamente al presidente del tribunal (Leopoldo Bruglia) quien había adelantado el fallo de manera informal y fuera de Tribunales, ante varios testigos, diciendo algo así como “vamos a condenar sólo a perejiles”. Pero no pasó nada. Ahí nos dimos cuenta que todo ya estaba cocinado. Y pensar que con cualquiera que hablábamos nos decía que no podía ser que alguien quedara libre con todas las pruebas que se habían recabado.

¿De qué manera reaccionan como familia ante lo sucedido?

-Lo que nos queda a nosotros es la entereza de saber que hemos luchado durante 15 años, que se conozca el caso y que la gente sepa. A veces nos preguntan para qué seguimos pero no nos queda otra. Nosotros no vamos tras un resarcimiento económico sino lo que queremos es que alguien sea condenado por la tragedia. El momento en que se dictó el fallo, en 2010, el por entonces gobernador Schiaretti se había sentido muy mal y nos puso toda su gestión a disposición. Incluso, él nos acompañó a entrevistar a distintas personas dentro de la Justicia, para ayudarnos.

¿Y cómo lo viven internamente?

-Soy padre de tres hijos y abuelo de tres nietos. Ellos lo viven día a día. Mis hijos también quedaron muy mal porque rondaban el caso desde que se inició nuestro calvario. Lo tienen muy presente.

Puede sonar ingenua la pregunta pero, ¿tanto poder pueden tener estos empresarios?

-Mirá, nos han pasado tantas cosas impensadas en estos años que no nos queda otra que comprenderlo de esa manera. Vivimos con una impotencia permanente al respecto. Recuerdo, por ejemplo, que el fiscal (Ernesto) Rizzi en 2008 dispuso una locura, que habría un resarcimiento económico para los familiares y que a los imputados se les sentenciaría con una “probation” (trabajo comunitario). Apenas nos enteramos fuimos directamente a hablar con el entonces procurador general, Esteban Righi. No lo podía creer. Al frente nuestro, se comunicó con Rizzi y le dijo textualmente: “¿Usted no leyó la ley? Hay una tragedia de por medio. Por favor, haga de cuenta que yo no leí lo que resolvió”. Cuando volvimos a Tribunales habían dado marcha atrás a aquella decisión.

Por último, Serrano indica que “no sólo hubo presiones del sector empresarial sino político”. “En Aerolíneas, hay un avión de 30 millones de dólares que tiene el logo de LAPA en una punta. Es propiedad de Boyd, uno de los dueños de la empresa, que está a disposición de la presidenta. Además, los dueños cuando supuestamente tenían prohibido salir del país por el juicio, andaban por cualquier parte”.        

 

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