“Denegué el pedido de cese de prisión debido a que considero que representa un riesgo para el proceso que se le sigue a Zabala, ya que es un hombre que tiene antecedentes, no sólo por amenazas, sino también por otros hechos de instancia privada”, dijo el fiscal Gustavo Atienza a EL DIARIO, sin querer abundar en detalles sobre las causas a las que hace referencia.
Cabe recordar que René Zabala, secretario general de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina de Córdoba (UPPAC) convocó a una reunión gremial en Villa María -como lo venía haciendo en otras ciudades-, la que se realizó el 28 de junio en los altos del Mar Gut.
Cuando promediaba el encuentro, llegaron los jefes de la Departamental. Hay distintas versiones sobre lo que ocurrió en esos minutos que transcurrieron desde la llegada de los funcionarios policiales hasta que todos fueron juntos caminando hasta la sede de la fuerza. Para los jefes, según consta en el expediente, en esos minutos fueron amenazados y hostigados por los dirigentes gremiales. Para el gremio, sólo hubo una conversación en la que fueron invitados a participar de una reunión en la sede de la Departamental con el ministro de Seguridad y el titular de la fuerza a nivel provincial. No dudaron en ir, sin saber que quedarían detenidos, indicaron.
Como consecuencia de esos hechos, o de la interpretación que hizo el poder político y judicial de los mismos, hay policías en actividad que fueron cesanteados por la aplicación de la “ley antimotín” y el secretario general del gremio está detenido hace dos meses imputado por “privación ilegítima de la libertad”.
La opinión del fiscal
“Después del caso Loyo Fraire, se reforzó la idea de que la regla es la libertad, aun para el caso de condenados, como es en Córdoba el ejemplo de (Jorge) Petrone, condenado por una estafa inmobiliaria y que quedó en libertad. Es decir, si no hay riesgo procesal, la regla es la libertad”, reiteró Atienza. Entonces, le consultamos sobre el riesgo que, a su criterio, representa Zabala. “Ha demostrado que no acata las disposiciones judiciales, si hasta parece burlarse del accionar de la Justicia”, planteó Atienza, es por eso que entiende que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación y, en consecuencia, denegó su libertad.
El capítulo de los antecedentes de Zabala tiene también distintas versiones. Para el abogado del secretario general de UPPAC, Luis Oscar Obregón, el único antecedente que tiene el dirigente gremial es por “amenazas” y no en ámbito privado o social, sino, precisamente, en el marco del accionar sindical. Aclaró que no había sido imputado por ese delito.
En cambio, para Atienza, son más los antecedentes. “Hay causas que no estaban activas, pero tampoco archivadas y por orden del fiscal general, se movilizaron”, concluyó.
Ahora, la jueza de Control, Edith Lezama, deberá decidir si acuerda con el fiscal en que Zabala debe continuar detenido o bien, si ordena su liberación. Hasta ayer, no se había resuelto.
Fotografías: 1) Zabala debe esperar en Bouwer lo que disponga la jueza de Control
2) Gustavo Atienza entiende que hay peligro procesal y por eso no libera a Zabala
