Los tribunos de Cuentas, José Naselli y Gustavo Maristany, procedieron a rechazar órdenes de pago a favor de dos empresas constructoras que tomaron a su cargo una parte de la obra denominada “250 Viviendas” en proceso de construcción en barrio Industrial.
Vale consignar que para dicha obra, la Nación había comprometido “asistencia financiera” por algo más de 33 millones de pesos.
Las razones del rechazo por parte de vocales se explayan en una larga y compleja resolución de las que extraemos algunos rasgos que ellos consideraron como “de significativa gravedad”.
Según se desprende del escrito en el que Naselli y Maristany fundamentan su reprobación a la disposición de fondos, en febrero de 2011 la obra fue adjudicada por el Instituto Municipal de Inversión (IMI) (entonces presidido por el contador José Carignano) a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Roberto Adolfo Cajal (RAC) y Forobra SA.
Cabe consignar que RAC Forobra se comprometió a ejecutar la obra por una suma que no llegaba a los 31.500.000 de pesos.
Los plazos comprometidos para la ejecución de obras llegaban a los 12 meses a contar del inicio de la obra.
Sorpresivamente, y sin que se conozcan las razones que llevaron a ello, la UTE RAC-Forobra cede, a favor de otra UTE (esta vez conformada por Teximco SA-ICI SA) todos los derechos y obligaciones derivados del contrato con el IMI.
“Si bien esta cesión operada en marzo de 2013 contó con la necesaria anuencia de la Nación, nunca se conocieron las razones que llevaron a RAC-Forobra a retirarse de las obras”, explicaron los tribunos.
A su vez Teximco (cuyo presidente es Walter Rubino) e ICI SA procedieron a subcontratar la obra en cuatro o cinco empresas que debían construir subgrupos de casas (generalmente de 20 viviendas cada uno).
Vale resaltar que entre estas subcontratantes se encuentran Zeus SRL, Corget SA, Ivecor SA, Salvador Construcciones SA y Dural SRL.
Lo que sorprendió a los tribunos es que el Grupo Teximco-ICI, luego de subcontratar tramos íntegros de las obras, en agosto de 2014 procede a ceder nuevamente sus derechos y obligaciones, a favor del Instituto Municipal de la Vivienda, esto es, a la misma Municipalidad que años antes había llamado a licitación.
En la resolución, Naselli y Maristany plantearon que varias situaciones implícitas en los procesos descritos anteriormente no están debidamente aclaradas.
“La obra que debía terminarse en un año, ya lleva varios años y quedan importantes tramos sin que se sepa si se han comenzado a hacer las casas”, sostuvieron los vocales como primer interrogante.
“De los 31 millones de pesos originales de costo, ya se llevan gastados mas de 40 y el Tribunal de Cuentas se encuentra “inundado” por órdenes de pago por sumas significativas”, también expresaron.
“Los aportes nacionales no llegan a los 25 millones, por lo que la diferencia, a la fecha, (unos 15 millones) ha sido aportada por los vecinos”, subrayaron los integrantes del Tribunal de Cuentas.
“Sin embargo, a nadie parece preocuparle estas cifras que de por sí solas huelen a un desmanejo descomunal. Por el contrario, con la firma del intendente Accastello, la comuna toma a su cargo todo este festival de contratos y subcontratos, que es poner en cabeza de los propios vecinos, negociaciones repugnantes a la ética y la legalidad mas elemental”, enfatizaron para concluir los funcionarios.
Oyola dice que sí
Respecto del pedido de autorización de las órdenes de pago, el presidente del Tribunal de Cuentas, Julio Oyola, expresó que la solicitud “viene respaldada con la suficiente legalidad, requerida para la visación por parte de este Tribunal”.
“Asimismo, existe saldo en las partidas presupuestarias afectadas, por lo que se fundamenta per se la motivación del acto y me exime de entrar en mayores consideraciones, máxime aún de que de las cesiones derivadas no ha habido un perjuicio para los contribuyentes, como así tampoco para la Municipalidad”, cerró Oyola.
