Mediante un contrato de locación que se elaboró en un estudio contable de Buenos Aires, que fue rubricado en persona por el intendente Eduardo Accastello y el jefe de Gabinete, José Carignano; la “Casa de Villa María en Córdoba” ya es una realidad tangible.
El detalle que destacan los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany como “sumamente irregular” es que la firma -efectuada ante el escribano Horacio A. Oyhanarte, titular de la Matrícula Profesional Nº 1626- fue concretada una semana antes de que se iniciara el proceso de contratación directa que tiene como primer paso al “pedido de suministro” a la Dirección de Compras de la comuna local y luego el envío al Tribunal de Cuentas para su contralor.
“El señor Eduardo Accastello y el contador José Eugenio Carignano, actuando en sus roles institucionales de intendente y jefe de Gabinete respectivamente, ya habían rubricado el contrato de locación mediante una contratación directa realizada a espaldas del Tribunal de Cuentas y con un desprecio absoluto de la normativa”, remarcaron los vocales.
“La aprobación de las órdenes de pago nos llevaría a involucrarnos en un proceso cuya ilicitud no es necesaria destacar. Nos preguntamos si los señores secretarios del Ejecutivo, cuando firmaron la Resolución DEM 62/14 (donde se ponen en conocimiento del Concejo Deliberante los detalles de la contratación ), sabían o ignoraban que la contratación directa que propugnaban ya se había realizado tiempo atrás. O que mientras el contrato reza que el mismo se firma en Villa María, en los hechos se estaba firmando en Buenos Aires”, sostuvieron Naselli y Maristany a través de un documento donde fundamentan su rechazo a la movida oficial.
Vale destacar que los tribunos semanas atrás habían reprobado pagos destinados a solventar la instalación de la nueva dependencia comunal en la capital provincial, ya que consideraban que la iniciativa “viola los límites de la competencia territorial del Gobierno Municipal”.
Los nuevos datos del caso, incorporados en las últimos días, generaron la reacción de los referentes de la oposición en el Tribunal que deslizaron la posibilidad de que la situación genere la intervención de la Justicia tal cómo legisla la Carta Orgánica Municipal.
