Señor director:
Fui presidente del Centro Transportista de General Deheza, ONG prestadora del servicio desde 1949, con los principios fundacionales de obtener toda la carga de la zona y distribuirla equitativamente entre todos los transportistas. Y que debería ser la única propuesta política socioeconómica a ser tenida en cuenta por los representantes políticos ya que en nuestro caso si no se distribuye el trabajo no se distribuye la riqueza. No hay igualdad, no hay equidad, no hay igual remuneración por igual tarea. No se evita la competencia desleal ni a los monopolios.
A mediados de 1980, dos hechos políticos concentran la atención de los transportistas cordobeses. Uno muy festejado, que fue la aprobación de la Ley cordobesa de Transporte de Carga Nº 1.224. Muy buena porque dejó conforme a las partes. Y la otra, nos puso a la defensiva, ya que de la mano de José Manuel de la Sota, ingresan al justicialismo cordobés el conservador Domingo Cavallo y otros, poco o poco. Ya no fue el justicialismo de Perón, ese de la economía política que hace a la producción, el empleo, el consumo y distribución de la riqueza, sino el justicialismo conservador que sólo busca la conveniencia del capital, llevándola a la práctica el 1 de abril de 1991, cuando con la Ley de la Convertibilidad deja sin efecto la ley provincial mencionada.
En 1996, ese mismo justicialismo, propone, sanciona y sustenta con el apoyo político hasta el día de hoy, la Ley Nacional del Transporte de Cargas Nº 24.653, basada en el espíritu político del conservadorismo criollo de libre contratación y precios libres, totalmente antiperonista, antiradical, anticonstitucional, anticristiano, que entregó a los transportistas atados de pies y manos a las reglas dictadas por las corporaciones cerealeras monopólicas, retrocediendo a las políticas infames de 1946 para abajo.
Soy radical y no sé qué papel cumplieron mis representantes políticos cordobeses en cuanto a la acción que les cupo en el tratado de dicha ley.
El 8 de mayo de 1991, la Fecotac de Francisco Magallanes hizo entrar 2 mil camiones a la ciudad de Córdoba apoyando la vigencia de la Ley 1.224, la Gobernación estaba en ese momento a cargo de Mario Negri, hoy presidente de la banca de diputados nacionales del radicalismo, así que conoce muy bien de qué estamos hablando. Nunca hizo nada, dando la sensación de que le importa más atornillarse a la banca, de lo que le pasa a la gente.
En el Preámbulo de la Constitución cordobesa hay un párrafo glorioso que dice: “Promover una economía al servicio del hombre y la justicia social. El trabajo de los legisladores nacionales cordobeses, por acción u omisión, dejó en nuestro caso, ese párrafo virtualmente diciendo “promover una economía al servicio del poder económico”.
La inmoralidad política y humana que significa la Ley 24.653 debe ser derogada. Eso ocurrirá cuando el peronismo, el radicalismo, el socialismo vuelvan a los principios políticos originales y los partidos sancionen a los representantes de la gente que no los cumplen y las federaciones y confederaciones que representan a los transportistas ¿qué?
Osvaldo Ribetto
DNI 6.595.526