La audiencia pública convocada por la Comisión Especial para la reforma del Código de Faltas de la Legislatura provincial, con el fin de escuchar opiniones sobre el tema, se llevó a cabo ayer en el Concejo Deliberante.
Representantes de organizaciones sociales, de instituciones, de la sociedad civil y agrupaciones políticas llenaron el recinto de la calle Mitre para expresarse ante legisladores de todos los bloques que integran dicha Comisión. Entre otras, estuvieron presentes la UCR, Partido Obrero, estudiantes del IPEM 49, Movimiento Evita, VACAP, APDH, UTEM, Acovim y AERCA.
Antes de escuchar a quienes pidieron manifestarse, el presidente del cuerpo deliberativo, José Escamilla, dio la bienvenida y le cedió la palabra al presidente del bloque de Unión por Córdoba en la unicameral, Sergio Busso, quien agradeció al Concejo Deliberante por haberlos recibido.
“Después de dos años de trabajo queremos escuchar a instituciones y vecinos que seguramente podrán aportar cuestiones que tienen particularidades propias de cada ciudad. Por eso nos hemos propuesto no hablar, sino escuchar. Este Código es una deuda que tiene la política hacia la democracia porque quedó con rémoras del pasado, de la dictadura, y nos hemos propuesto sancionarlo antes de fin de año”, señaló Busso.
Visto bueno al debate
“Celebramos la apertura del debate público, el Código de Faltas contempla una serie de medidas antigarantistas y antinconstitucionales. El último monitoreo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba dice que entre 2005 y 2011 las detenciones registradas por el Código de Faltas se incrementaron de 8.978 en 2005 a 73.100 en 2011, un 700%, y eso no disminuyó el delito. Es necesaria la modificación plena del Código de Faltas”, dijo Pablo Ghione, de La Jauretche, el primero en pedir la palabra.
También Felipe Botta, de la UCR, quien le siguió, celebró que se diera el debate en toda la provincia.
“Este Código de Faltas ha quedado retrógrado en algunos aspectos, nos resulta inaceptable que la mayoría de los detenidos sean jóvenes, es inaceptable que por viejos prejuicios se detenga a una persona porque lleva determinada ropa. Le estamos dando un poder inconmensurable a una persona si dejamos que determine quién es sospechoso. Pedimos que no se reforme este Código de Faltas, sino que se derogue y que se cree un Código de Convivencia”, afirmó.
Nicolás Aguirre, de la Comisión estudiantil del IPEM 49, especificó que el artículo del merodeo “es muy subjetivo” en relación a lo que significa una actitud sospechosa.
“Recomendamos rever este artículo, hacer cambios”, expresó el estudiante.
“Vamos a bregar siempre por la libertad (...) nos oponemos a este Código de Faltas”, aseguró Derna Montero, integrante de la VACAP, quien hizo hincapié en la política represiva de la Policía.
“Uno de los artículos del Código de Faltas no puede continuar, es el que establece la figura del merodeo, en la que en base a la presunción se priva a alguien de un derecho básico como es la libertad. Esta figura debe ser sacada de cualquier código, es la institucionalización de la portación de cara”, consideró por su parte Jesús Chirino, de UTEM.
La jueza de Menores, Cecilia Fernández, señaló que es importante que se conozca lo que sucede en el interior.
“Me queda la preocupación por lo manifestado en esta sala por los jóvenes (...). Carecemos de una Policía debidamente formada para la implementación de algunas cuestiones que hacen al cuidado de los ciudadanos, hay que modificar el Código de Faltas, pero mantener la figura del merodeo porque la gente tiene miedo de andar por la calle. La Policía tiene que acudir, no está mal que se exija la identificación de las personas porque es importante para la seguridad, pero no debe ser la que juzga, y es necesario que estén garantizados los derechos de defensa”, añadió.
También pidieron la palabra para expresar sus opiniones Antonella Turletti, Andrés Guzmán, del Movimiento Evita; Elvio Toscano de APDH; y Florencia Mercado, de Unión de Juventudes para el Socialismo, que en general se centraron en la figura del merodeo y las detenciones arbitrarias, y coincidieron en reclamar su derogación.
Antes de fin de año
En diálogo con EL DIARIO, el legislador Héctor Muñoz, integrante de la Comisión Especial, precisó que puntualmente se plantean modificaciones en lo que respecta a tres puntos: la sustracción a la Policía del derecho de juzgar además de arrestar, se reduce de cinco a tres los días de arresto y se agregan las tareas comunitarias, es decir que previo al arresto se pretende que la pena se resuelva a través de tareas comunitarias y, en tercer término, la Policía no puede actuar por sí, sino que necesita una denuncia previa de un particular, que no sea anónima.
“Estas son las tres modificaciones sustanciales, son las que mayores reclamos están generando a nivel provincial. Básicamente se refieren a la figura del merodeo, a las penas por merodeo y a la facultad que se le otorga a la Justicia de que accione y le dé cumplimiento a las penas cuando se detiene a una persona a través de los jueces de Paz o fiscales de Instrucción, que excede al merodeo”, indicó.
“En las audiencias públicas lo que más cuestiona la gente es el accionar de la Policía, el hecho de que en el merodeo la Justicia no participa y es la Policía la que detiene y decide si queda arrestado, por eso se le sustrae ese poder a la Policía. También algunos mencionan que la Policía es autoritaria y abusiva, pero uno no desconoce que hay una gran mayoría de la ciudadanía que asocia esto con la seguridad y no le interesa esta modificación, sino que el Código siga tal como está. Creen que la modificación es importante, pero tienen miedo que le ate las manos al accionar de la Policía”, remarcó.
“Las opiniones de los vecinos nos interesan porque en realidad es un tema que está en boca de todos, es polémico, tiene que ver con la seguridad y si lo vamos a modificar, intentamos hacerlo con el mayor consenso posible, por eso estamos yendo al interior, para escuchar lo que la gente tiene para decir”, dijo Muñoz.
“Lo mejor que nos puede pasar es escuchar lo que la gente tiene para decir en este tema”, insistió.
“En Córdoba capital hemos hecho muchas reuniones con voces a favor y en contra, también hicimos audiencias públicas en Río Cuarto, San Francisco y acá. Tenemos previsto hacer una audiencia en el Deliberante de Córdoba capital, que no tiene fecha, como tampoco la tiene la reforma de la ley, pero aspiramos a hacerlo antes de fin de año”, señaló para concluir.
Qué cambios propone el proyecto
Previo a que los vecinos se expresaran, el secretario de Coordinación Operativa y Comisiones de la unicameral, Freddy Daniele, detalló el borrador del proyecto.
Explicó que en diciembre de 2011 se creó la Comisión Especial para comenzar a analizar la modificación del Código de Faltas. La Comisión realizó ruedas de consultas con expertos; hizo un relevamiento de la estructura policial, de los juzgados de Paz y de los centros judiciales de la provincia; y se escuchó la opinión de intendentes, concejales, miembros de comunas, jueces de Paz y habitantes de localidades.
El proyecto propone pasar del Código de Faltas (Ley 8.431) a un Código de Convivencia Comunitaria (en el que se agregaría otro de convivencia deportiva). También plantea la inversión del esquema de las penas, para que esté en primer lugar el trabajo comunitario, luego la multa y finalmente el arresto, que de esta forma será la excepción y no la norma.
Cesará el juzgamiento por parte de las autoridades policiales; la asistencia letrada hará falta en la etapa de revisión judicial y no en la etapa administrativa, y se limitará el máximo de días de arresto, entre otras medidas.