Los tribunos de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany develaron una nueva situación que consideran irregular en torno a la transferencia de responsabilidades que la empresa Teximco-ICI (a cargo de la construcción de las 250 Viviendas en barrio Industrial) hizo hacia la firma Ivecor SA y, finalmente, también al municipio villamariense, en este último caso por no poder costear los insumos del emprendimiento habitacional.
“Nos enteramos de que la contratista se encuentra ‘...atravesando dificultades provisorias y que no dispone por el momento de los recursos... (sic)’ para seguir con las obras”, sostuvieron Naselli y Maristany, que se anoticiaron de las imposibilidades económicas luego de rechazar una orden de pago por la adquisición de mesadas.
Según indicaron los tribunos, le pidieron precisiones sobre las motivaciones del gasto al Instituto Municipal de Inversión (IMI) y desde el espacio que preside Rosana Suescum recibieron una sorprendente respuesta redactada por el principal referente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Pablo González.
Los tribunos apuntaron que González solicitó que se tengan en cuenta “los problemas financieros” que padecen los contratistas y que, por ende, propuso que “el municipio, a través del IMI, tome a su cargo el gasto (que luego sería descontado de ‘posteriores certificaciones’)”, revelaron Naselli y Maristany.
“Este reconocimiento de insolvencia concuerda con noticias periodísticas (y no desmentidas) respecto a que los contratistas se encontraría en cesación de pagos”, argumentaron los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas antes de ilustrar la acción concreta que motiva la situación detectada.
Quieren saber
En función de lo expuesto, los vocales solicitaron se les “informe cuáles fueron las acciones emprendidas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), IMI y/o IMV para determinar si el manejo de los dineros públicos entregados a las contratistas se enmarca en las normas de una correcta y transparente administración”.
Vale recordar que la iniciativa constructiva tuvo un presupuesto inicial de 31.500.000 de pesos con un plazo de ejecución de 12 meses a partir de febrero de 2011.
Luego de tres años y medio de adjudicada, con cerca de 45 millones de pesos invertidos y unidades habitacionales todavía por concretarse, la obra continúa despertando sospechas.
Otro de los puntos sobre los que los vocales reclaman claridad es “las razones por las cuales se liberó de toda responsabilidad ulterior al grupo empresario Teximco-ICI, asumiendo sin reserva alguna el erario municipal las acciones anteriores de las mencionadas empresas, en especial las inútiles y parasitarias subcontrataciones”.
“Queremos se informe cuáles fueron las razones o motivaciones que llevaron al municipio a aceptar una transferencia de responsabilidades asumidas por empresas sin solvencia económica suficiente para administrar contratos de construcción de cierta magnitud económica”, concluyeron Naselli y Maristany en la solicitud dirigida al intendente, Eduardo Accastello; al jefe de Gabinete, José Carignano, y a los titulares del IMI y del IMV.
